El sistema penitenciario de Mendoza atraviesa un cuello de botella histórico impulsado por las reformas procesales y el endurecimiento de las políticas criminales. Según revelan los datos oficiales del Informe de Gestión 2025, la velocidad de los ingresos superó con creces los límites de la infraestructura disponible, dejando a la provincia con una cifra inédita de 7.212 personas privadas de su libertad en dependencias carcelarias, a las que se suman otras 512 bajo la modalidad de detención domiciliaria.
Esta realidad representa un incremento del 12,23% en el último año y un vertiginoso aumento del 86,7% si se compara con los registros de 2015, cuando los internos eran poco más de 3.800. Con este salto, la tasa de encarcelamiento provincial ascendió a 345,6 internos cada 100.000 habitantes, un indicador que supera la media nacional argentina y posiciona a Mendoza por encima de países de la región como Perú y Chile.
Frente a una disponibilidad real de apenas 5.403 camas distribuidas en 20 establecimientos operativos, el déficit estructural roza las 2.000 plazas, lo que disparó la tasa de sobrepoblación al 33,48%.
Con estos números, la densidad carcelaria regional escaló al 133,48%, un indicador que la Cruz Roja Internacional y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD) catalogan formalmente como un estado de alerta roja por "hacinamiento súper crítico".
El impacto de este colapso edilicio no se distribuye de manera equitativa, sino que golpea con especial dureza a las grandes penitenciarías de la zona metropolitana. Los complejos San Felipe, Almafuerte I y Boulogne Sur Mer absorben la peor parte del exceso de ocupación, concentrando entre los tres a prácticamente el 78% de toda la población carcelaria mendocina; de hecho, San Felipe lidera el excedente con 803 internos por encima de su capacidad declarada.
Radiografía de los internos y el peso de la reincidencia
En paralelo a la crisis de espacio, el perfil sociodemográfico de los penales devela que la delincuencia institucionalizada en la provincia es mayoritariamente joven, masculina y local, compuesta en un 97,2% por hombres (de los cuales más de la mitad tiene entre 21 y 35 años) y con apenas un 2,02% de extranjeros alojados.
Geográficamente, los departamentos de Guaymallén y Las Heras encabezan las estadísticas como los principales lugares de residencia previos al ingreso. Si bien el 68,72% de los alojados ya cuenta con una condena firme, el gran desafío para las políticas de seguridad pública radica en la tasa de reincidencia, dado que el 56,5% de los internos actuales registra entradas previas en el sistema.
En cuanto a la tipología delictiva, el robo o tentativa de robo representa la principal causa con el 23,82% de los casos, seguido en la escala por el abuso sexual con un 10,32% y las amenazas con un 9,5%.