La Libertad Avanza buscará este jueves realizar la última sesión del Senado antes del receso invernal con una agenda que incluye el proyecto de propiedad privada y el tratamiento de 36 pliegos judiciales, entre ellos el del camarista Víctor Pesino, quien necesita el aval de la Cámara alta para continuar en funciones tras cumplir 75 años.
Aunque la convocatoria fue acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria entre el oficialismo y bloques dialoguistas, todavía persisten dudas sobre la posibilidad de alcanzar el quórum, ya que varios senadores iniciaron sus vacaciones de invierno en provincias donde el receso escolar comenzó antes que en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Cambios en la compra de tierras
El proyecto, elaborado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, sufrió varias modificaciones durante su tratamiento legislativo. Entre los cambios más importantes figura la eliminación de las restricciones para que personas extranjeras puedan adquirir tierras en Argentina.
La iniciativa establece que serán las provincias las que deberán autorizar esas operaciones. Sin embargo, los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera seguirán teniendo restricciones para comprar tierras rurales, salvo que obtengan autorización tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo nacional.
En el caso de inmuebles ubicados en zonas de frontera, además del aval de la Nación y la provincia correspondiente, también se requerirá la aprobación del Congreso.
Otro de los puntos incorporados es el silencio administrativo: si en un plazo de 180 días no existe objeción de las autoridades competentes, la autorización quedará otorgada automáticamente.
Desalojos más rápidos
La propuesta también introduce modificaciones en los procesos de desalojo.
Para los casos de usurpaciones o tenencias precarias, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y exista la correspondiente garantía judicial.
En los conflictos entre propietarios e inquilinos por falta de pago, el proyecto establece que primero deberá enviarse una carta documento otorgando un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda. Si el incumplimiento persiste, podrá iniciarse el proceso judicial y el desalojo podría ejecutarse en un plazo de 10 días hábiles.
Además, se fija que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble, aunque conservará el derecho a reclamar judicialmente las deudas pendientes.
La iniciativa también contempla una protección especial para hogares donde vivan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, obligando al juez a dar intervención a los organismos de asistencia para garantizar una solución habitacional transitoria.
Pliegos judiciales
El oficialismo también buscará aprobar 36 pliegos judiciales, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, cuyo mandato requiere aprobación del Senado antes del próximo 27 de julio, fecha en la que cumplirá 75 años.
Pesino ya presentó un recurso de amparo para continuar en funciones en caso de que el tratamiento parlamentario vuelva a demorarse.
Entre los nombramientos también figura Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora que tendrá a su cargo causas de alto impacto, entre ellas la investigación contra el exintendente Martín Insaurralde y la conductora Jésica Cirio.
Si prosperan los pliegos, el Gobierno habrá logrado cubrir 110 cargos judiciales en los últimos meses, sobre un total de aproximadamente 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.