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Dura acusación

Bebés muertos en Córdoba: denunciaron que un fiscal conocía de los pinchazos desde mayo y no investigó

La presentación contra su colega la hizo el fiscal de la causa. Piden la renuncia de otro directivo del Htal. Materno Neonatal "Dr. Ramón Carrillo" de Córdoba

Por Redacción Tiempo de San Juan 1 de septiembre de 2022 - 14:23

El caso de los bebés muertos en un hospital neonatal de Córdoba tuvo un nuevo giro: ahora, un fiscal será investigado en el marco de la causa, por los posibles delitos de “encubrimiento u omisión de deberes de un funcionario judicial”, tras que un forense revelara que el hombre sabía desde mayo sobre las inyecciones extrañas en recién nacidos.

El fiscal en cuestión es Guillermo González, a cargo de la unidad fiscal del Turno 2 en el Distrito Judicial N°1 de Córdoba. Fue denunciado por no haber investigado ni abierto una causa tras conocer de “pinchazos extraños” por el fiscal Raúl Garzón, quien se encarga de la instrucción por los fallecimientos y lesiones en recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo" entre marzo y junio.

En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal informó que “funcionarios del poder judicial podrían haber tenido conocimiento de una investigación administrativa interna en el Hospital Neonatal vinculada a los hechos de público conocimiento en fecha anterior a la denuncia judicial”, que llegó a Garzón el 7 de julio tras la denuncia de un “ciudadano”, cuya identidad permanece en el anonimato.

Los primeros avisos a la Justicia habían sido un mes antes, entre el 6 y el 7 de junio, tras las 24 horas “fatídicas” en la que tres bebés fallecieron y dos quedaron con secuelas. Fueron dos médicas del hospital las que hicieron sus respectivas denuncias, en causas que quedaron a cargo de la fiscalía de Jorgelina Gutiez, quien fue subrogada por Silvana Fernández.

El hospital ya había iniciado una investigación administrativa por fallecimientos previos. El primero había sido el del bebé de Vanesa, el 18 de marzo, y el segundo, el de Damaris Carolina, el 23 de abril. Según fuentes legales vinculadas a la causa, se habla de cinco bebés fallecidos y ocho recién nacidos que sobrevivieron, aunque los detalles permanecen en secreto de sumario.

La denuncia de Garzón surgió ahora a raíz de la declaración del director del Instituto de Medicina Forense, Moisés Dib, quien aseguró que se reunió en mayo con Alejandro Escudero Salama, el subdirector del Neonatal que tenía a su cargo el sumario administrativo y que lo había contactado a través del fiscal Guillermo González para hacerle una consulta, consigna el diario La Voz.

La Fiscalía del Distrito 3 turno 6, a cargo del fiscal Iván Rodríguez, fue sorteada para realizar la investigación de oficio que tratará de establecer si hubo “encubrimiento u omisión de deberes de un funcionario judicial”.

En una conferencia de prensa realizada este jueves, Rodríguez aclaró que realizará una investigación penal sobre los tres implicados en la reunión: su par González, Dib y Escudero Salama.

Además, aseguró que un juez de control deberá decidir si corresponde el desafuero del fiscal González, siempre que de su investigación preliminar surja que existen "méritos" para ello.

Pero Dib reveló más información y gatilló una nueva separación en el hospital.

Según el relato del directivo del Instituto de Medicina Forense, en la reunión que mantuvo con el funcionario del hospital se enteró de aplicaciones de inyecciones sin explicación en niños nacidos sanos en el hospital, pero aseguró que Escudero Salama no le mencionó muertes ni niños con complicaciones severas: “Sólo pinchazos extraños”.

Según su versión, Dib recomendó en presencia de González que se judicializara lo antes posible estos casos para que se pudieran tomar las medidas de prueba correspondiente.

En la tarde del miércoles, tras que se conociera la denuncia de Garzón, la flamante ministra de Salud, Gabriela Barbás, pidió la renuncia a Escudero Salama del cargo de subdirector de Gestión Hospitalaria en el Neonatal, “en función de la investigación de oficio iniciada por el Ministerio Público Fiscal”.

Además de la enfermera, ya hay otras tres personas imputadas como supuestos autores del delito de "omisión a los deberes de funcionario público" en la causa que disparó la renuncia del ex ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo. Son la ex directora del establecimiento, el jefe de Departamento y la jefa del Servicio de Neonatología.

La enfermera pide que se aparte al fiscal

Los abogados de la enfermera detenida por el caso exigieron este jueves que la fiscalía a cargo de la causa posponga las pericias psicológicas hasta que no se tome la declaración indagatoria a su defendida y pidieron su apartamiento de la causa al considerar que existe una “incompetencia territorial” en relación a los hechos investigados.

El pedido fue realizado luego de que el fiscal Garzón comunicara que se programaron para el lunes los peritajes para conocer si la imputada, Brenda Agüero (27), tiene algún tipo de trastorno mental.

La pericia “interdisciplinaria, psicológica, psiquiátrica y social” sobre la enfermera detenida de forma preventiva hace quince días en el penal de Bower, acusada de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado”, sería realizadas a principios de la semana próxima salvo que la imputada se dispusiera a declarar antes.

Los abogados de Agüero, Luis Obregón y Luis Antonio Pareja, presentaron este jueves la solicitud y denunciaron “el actual estado de indefensión e incertidumbre procesal” de su defendida, tal como habían adelantado el domingo a Clarín, cuando señalaron que el fiscal había sobrepasado “de forma extrema los plazos para tomar la indagatoria y levantar el secreto de sumario".

En ese sentido, destacaron que “solo circulan versiones periodísticas" sobre la hipótesis que se presume que persigue el fiscal y que ubicaría a Agüero como la persona que dio inyecciones de potasio a los bebés. El expediente, donde constan las pruebas en contra de los imputados, solo se abre tras la declaración, explicaron.

“Brenda se encuentra bastante estabilizada ya, se encuentra bien emocionalmente. Obviamente está en un lugar aislado, para tener un resguardo su integridad física, ya que no puede estar en los pabellones con otras reclusas. Psicológicamente, sigue mal, pero en pie”, contó este jueves Obregón a este diario.

El pedido presentado al fiscal solicita, en primer lugar, que “se fije y ordene en el término de 24 horas, día y hora de audiencia a los fines de la recepción de declaración indagatoria” de Aguero y que el fiscal ordene la suspensión las pericias hasta que Agüero declare.

En ese sentido, los abogados argumentaron que “la más jerarquizada doctrina local” respecto al artículo 306 del Código Procesal Penal indica que “en un término breve, de veinticuatro horas” se tome “la declaración del imputado que se encuentra sometido a una medida de coerción restrictiva de la libertad, que puede prorrogarse por otro tanto cuando exista un impedimento del juez o fiscal, o cuando el propio imputado lo solicite para designar defensor”.

“Las garantías constitucionales comprometidas constituyen la primera oportunidad para ejercer la defensa en un proceso que tramita con una medida cautelar de esa gravedad”, apuntaron y acusaron que tras quince días se vio “afectado el derecho a la defensa” de Agüero y solicitaron “garantías de proceso legal y justo”.

En el documento, también apuntan que al haberse pasado las 48 horas para la toma de la declaración, el fiscal actuó “privando tanto el derecho del imputado a ‘ser oído’ como a ‘conocer las pruebas que pudiesen existir en su contra’” y denunciaron que “se han venido practicando actos de instrucción con posterioridad a la detención” sin la participación de la defensa de Agüero.

Los abogados interpusieron un pedido de “apartamiento por declinatoria” del fiscal por considerar que existe una “falta de correspondencia de su plataforma/ejido territorial de actuación en relación al lugar (punto geográfico) de comisión de los supuestos hechos delictivo que se investigan en la presente causa”.

“De manera expresa solicitamos su declinatoria en la tramitación y/o entendimiento de la presente causa”, indicaron. En el texto, especificaron que jurisprudencia de la Corte Suprema estableció que “por imperativo constitucional, a los efectos de determinar la jurisdicción territorial , debe tenerse en cuenta, prioritariamente, el lugar en el cual se consumó el delito, lo que no debe confundirse con el lugar donde se produzcan efectos extra típicos del hecho ilícito”.

Fuente: Clarín

Tiempo de San Juan

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