Por Sebastián Saharrea
La interna judicial y otras delicias, en punto de no retorno - Por Sebastián Saharrea
La Corte y el fiscal general no se pueden ni ver, se notó más que nunca. Decisiones a ciegas, jueces en quienes nadie confía y sálvese quien pueda, un cóctel que explotó en la vergonzosa liberación de un acusado de violar a sus tres hijos.
Pueden mirarse por la ventana, si no fuera por las cortinas. De un lado del tercer piso del edificio de Tribunales están los despachos donde cada uno de los cinco integrantes de la Corte cumple horario de oficina y rara vez se quedan más allá de la una en punto del mediodía. Del otro, pulmón de por medio, está la oficina del fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, a quien por cuestiones que pocos conocen llaman “Jimmy”. Son institucionalmente complementarios: unos, jefes supremos de los que juzgan en la provincia, el otro mandamás de los que acusan. Pero puede ocurrir que algún visitante ocasional de esos despachos escuche hablar de la contraparte en términos de desprecio y sin filtro: “Los que acá enfrente”, “el muchacho éste”.
Frecuentes contrapartes, son en ambos casos la cúspide del sistema judicial sanjuanino. Y no se pueden ni ver, en una pulseada que coronó en el triste episodio de hace dos semanas, cuando la propia Corte creó con su fallo de liberar a un acusado de uno de los peores delitos que pueda suponerse (la violación de tres hijos propios) un problema mayúsculo: exponer a una familia completa a cualquier clase de represalia. Verdadera locura generada en los escritorios a cargo de hacer exactamente lo contrario: solucionar los problemas. Que demuestra que en la provincia, el sistema judicial no sólo atrasa sino que se concentra en gente que no fue capaz de medir el peligro y la gravedad a sola firma de una sentencia con infinitas consecuencias.
¿Qué hubiera sucedido si el sujeto denunciado decidía inmediatamente después de ser puesto en libertad por un supuesto error formal en el proceso “visitar” la casa de sus hijos que lo denunciaron? ¿Qué hubiera pasado si la policía no lo encontraba casi cinco días después acobachado en una pensión? ¿Nadie por allí tiene al menos un pie sobre la tierra para comprender que si la nulidad del expediente es sólo por la detención, pero surge de la instrucción la posible comisión de un delito que justificaría otra denuncia y otra detención, lo menos aconsejable es ponerlo en libertad, y menos aún sin ninguna restricción para acercarse a los denunciantes, su propia familia?
Allí es donde aquella vieja interna tuvo un papel decisivo en este papelón. Primero, porque esa falta de comunicación entre la Corte y la Fiscalía General redundó en notificaciones tardías y reacciones escandalosamente demoradas. Segundo, porque se desató desde allí un sálvese quien pueda en el que cada cual salió a proteger su propio pellejo por un caso que terminó medianamente reparando la policía: si no hubiera sido detenido este sujeto nuevamente, hubiera resultado incierto si el propio sistema judicial estaba en condiciones de atravesar exitosamente la nube de cascotazos disparados desde la propia sociedad.
Lo contó con dolorosa precisión el periodista Gustavo Martínez Puga en la edición digital de este diario: las maniobras de un lado y otro de este ring por quedar a salvo de este incendio que seguramente sellará a fuego el destino de un sistema judicial que huele a junco. Desde el sector de los fiscales, solicitando una tardía intervención del Ejecutivo en la protección de las víctimas y en evitar que el presunto victimario se les acercara, algo que debió haber previsto el vergonzoso fallo de la Corte. Desde el máximo tribunal de Justicia, destilando su bronca por el modo en que se manejó el fiscal, según ellos adelantándose y dejando en off side a todos los supremos que firmaron la decisión.
Cuando no era muy lejana ni demasiado dificultosa la aplicación del sentido común en un fallo que venía delicado. Se sabía de antemano que los jueces máximos de la provincia estaban ante un desafío exigente con el caso del minero detenido de manera ilegal. Lo había adelantado este diario varios meses atrás, en marzo último, cuando trascendió en los pasillos de tribunales. Y su reacción fue lo peor que se podía esperar: dejó que el caso se resolviera por la fría letra de algún artículo sin medir la temperatura ambiente de una sociedad a la que también pertenece el Poder Judicial, aunque a veces los magistrados aparentan sobrevolarle varios metros por arriba.
La vergüenza no está en la decisión de anular una detención, si ésta estaba viciada y correspondía hacerlo. La vergüenza es no haber reparado en que aún anulando la detención, de toda la instrucción en el expediente se desprendía la comisión de un delito gravísimo (la presunta violación de tres hijos) y eso hacía imperioso solicitar que se ampliara la denuncia (o presentar otra) por medio de un fiscal para evitar largar a la calle a un fuerte sospechoso por un caso aberrante y ponerlo en contacto con las víctima (su propia familia) y la fuga (que seguramente intentó). Claro, jueces y fiscales no se hablan, pese a que habitan el mismo piso.
Peor aún. Del modo en que se desenvolvió el máximo tribunal se infiere una falta de compromiso con los dolores de la sociedad que ponen piel de gallina. El fallo habrá sido redactado por algún abogado empleado de la Corte y largado a la calle así nomás, es la única manera de explicarse cómo no se activó el sentido común de algún integrante del equipo que integra la Corte. Huellas ineludibles de un máximo tribunal oxidado por el paso de los años, con todos sus miembros en condición de jubilarse pero resistiendo vaya a saber por qué al paso del tiempo, deteniendo la modernización y la actualización del servicio, de tan pocos reflejos como para que se le escape semejante tortuga.
Al contrario, confluyeron en este caso todos los fantasmas del edificio. Las ya citadas eternas sospechas cruzadas y recelos entre jueces y fiscales, la más que evidente falta no sólo de personal sino de jueces y juzgados (la semana pasada, hubo un solo magistrado que debió hacerse cargo de tres juzgados); las sospechas por la idoneidad de los magistrados en turno: desde la propia Corte dejaron deslizar que le habían pedido intervención a los fiscales para que accionaran públicamente por falta de confianza en el magistrado a cargo del juzgado en turno, Pablo Flores, autor de resoluciones polémicas por la liberación de presuntos delincuentes. Parece demasiado.
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