La vitivinicultura, una de las actividades productivas más importantes de San Juan, quedó en el centro de un nuevo proyecto de desregulación que impulsa el Gobierno nacional. El borrador, elaborado por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar normas históricas que regulan el sector, entre ellas la eliminación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y una reforma de la Ley General de Vinos.
Aunque la iniciativa todavía no fue enviada al Congreso, su contenido ya comenzó a generar repercusiones en las provincias vitivinícolas, ya que plantea cambios en la elaboración, la fiscalización, la promoción y el régimen de sanciones de la actividad.
Los principales puntos del proyecto
1. Se eliminaría la COVIAR: El proyecto propone derogar la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), entidad público-privada encargada de coordinar el Plan Estratégico Vitivinícola Argentino.
De aprobarse la iniciativa, la corporación debería presentar un informe final de gestión y luego avanzar con su liquidación. Los bienes remanentes pasarían al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
2. Cambiaría la definición legal de vino: Uno de los cambios más importantes elimina la obligación de elaborar el vino en la misma región donde fueron cosechadas las uvas. Actualmente, ese requisito forma parte de la definición de "vino genuino". La nueva propuesta mantiene que el producto debe provenir de la fermentación de uvas frescas o mosto, pero elimina la restricción geográfica.
3. Nuevas reglas para las prácticas enológicas: El proyecto también modifica la forma en que se autorizan las prácticas enológicas. En lugar del listado establecido por la legislación argentina, se propone adoptar como referencia las normas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), mientras que el INV conservaría la facultad de autorizar prácticas adicionales cuando lo considere necesario.
4. Menos controles obligatorios del INV: La iniciativa mantiene los controles sanitarios destinados a garantizar la aptitud para el consumo y prevenir adulteraciones. Sin embargo, propone que las certificaciones sobre origen, variedad o añada dejen de ser obligatorias y pasen a ser voluntarias, quedando sujetas a las necesidades comerciales o de exportación de cada empresa. Además, el INV podría delegar tareas de inspección y certificación en organismos públicos o entidades privadas habilitadas.
5. Cambia el sistema de multas: El régimen sancionatorio también sería modificado. Las multas dejarían de calcularse en montos fijos en pesos y pasarían a expresarse en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), un mecanismo que ajusta automáticamente los valores por inflación.
6. Se habilitaría la mezcla con vinos importados: Otro de los puntos del borrador elimina la prohibición expresa de mezclar vinos importados con vinos nacionales. La iniciativa mantiene la exigencia de acreditar el origen y la genuinidad de los productos importados, pero equipara su tratamiento con el de la producción nacional.
7. Se eliminan fondos de promoción: El proyecto también propone derogar artículos de la Ley General de Vinos vinculados al financiamiento de políticas de promoción. Entre ellos figura el Fondo de Fomento administrado por el INV y distintas herramientas destinadas a la reconversión productiva y al apoyo de las provincias vitivinícolas. Además, desaparecería la definición legal de "Vino Regional", categoría que actualmente cuenta con un tratamiento específico dentro de la normativa.
Un debate que también impacta en San Juan
Aunque Mendoza concentra la mayor parte de la producción de vino del país, San Juan es la segunda provincia vitivinícola de la Argentina y uno de los principales elaboradores de mosto, vinos y pasas de uva.
Por ese motivo, cualquier modificación en la Ley General de Vinos, en el funcionamiento del INV o en el esquema de promoción del sector también podría tener impacto sobre bodegas, productores y establecimientos sanjuaninos.
Por ahora, se trata de un borrador que aún no fue enviado al Congreso, por lo que el contenido podría sufrir modificaciones durante su tratamiento legislativo antes de convertirse en ley. Fuentes: diarios El Sol, Diario Uno.
