Representantes de municipios, legisladores, entidades empresarias, sindicatos, organizaciones civiles y usuarios coincidieron en apoyar la presentación realizada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), en el marco del debate por el acceso a la red de transporte eléctrico de 500 kV que requerirá el desarrollo del proyecto minero Vicuña.
La definición se produjo durante la reunión del Consejo Asesor de Acompañamiento del EPRE, realizada este miércoles, donde se analizó la posición adoptada por el organismo provincial frente a la solicitud de ampliación y acceso a la red de alta tensión vinculada a la primera etapa del emprendimiento minero.
Durante el encuentro, el EPRE expuso los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos que sostienen la presentación elevada al ENReGE. El eje del planteo apunta a garantizar el desarrollo de la minería, pero sin que ello implique trasladar costos o afectar derechos de los usuarios que históricamente financiaron la infraestructura eléctrica de la provincia.
La propuesta presentada por el organismo contempla una oposición formal al pedido de acceso en los términos planteados, aunque deja abierta la posibilidad de levantar esa objeción si la empresa responsable del proyecto suscribe acuerdos de mitigación que permitan compensar el impacto sobre el sistema eléctrico provincial.
La postura recibió el acompañamiento de intendentes de Jáchal, Iglesia, Calingasta y Ullum; diputados provinciales; representantes de CASEMICA, la CGT San Juan, el Sindicato de Luz y Fuerza, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Ingenieros, la Asociación de Viñateros Independientes, la Cámara de Energías Renovables y otras instituciones vinculadas a distintos sectores productivos y sociales.
Uno de los elementos centrales de la reunión fue la presentación del estudio realizado por el Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ-CONICET, que respaldó el criterio de mitigación impulsado por el EPRE. Según ese informe, el esquema propuesto se encuentra alineado con prácticas regulatorias aplicadas en países con fuerte desarrollo minero, como Australia, Canadá, Chile, Perú, Estados Unidos y el Reino Unido.
Como conclusión, los integrantes del Consejo coincidieron en que la posición del organismo provincial presenta fundamentos técnicos sólidos, resulta económicamente equitativa y se ajusta a estándares regulatorios internacionales.
Además, remarcaron que el principio de libre acceso a la red eléctrica no constituye un derecho absoluto que habilite a un actor privado a utilizar, sin compensación, capacidad disponible de una infraestructura pública construida con recursos aportados por la Provincia y por los usuarios a través de sus facturas de electricidad.
El Consejo Asesor también resolvió mantener el seguimiento del proceso administrativo hasta que el ENReGE emita la resolución definitiva sobre el pedido de acceso y ampliación de la red de transporte eléctrico.