A la espera de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) resuelva el pedido de prioridad de acceso a la línea de 500 kV presentado por el proyecto Vicuña, en San Juan el gobierno provincial y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ya tienen claro como jugarán una de las partidas más sensibles para la minería provincial.
Detrás de las presentaciones formales, se ha diseñado una estrategia con dos objetivos concretos: uno, que la provincia se va a oponer definitivamente a que un solo proyecto obtenga un beneficio exclusivo sobre una infraestructura considerada clave para toda la actividad minera y dos, si esa postura no es aceptada por Nación, defenderla hasta las últimas instancias, incluso judiciales.
Según pudo saber Tiempo de San Juan de fuentes del Gobierno y del EPRE, la intención no es frenar el desarrollo de Vicuña ni demorar inversiones. Por el contrario, aseguran que la Provincia viene impulsando alternativas para que los proyectos avancen lo antes posible. Pero eso no implica resignar un criterio que consideran central: que las reglas sean las mismas para todos.
"Es importante transmitir un mensaje de que nadie quiere impedir ni demorar. Se ofrecen opciones para avanzar rápido. El problema es que cada uno quiera hacer la suya sin mirar el bien común", comentó en voz baja una fuente consultada por este medio.
El primer eje
Ese es, justamente, el primer eje de la defensa sanjuanina ante el ex ENRE. La Provincia sostiene que la línea de 500 kV debe administrarse bajo un esquema “de acceso abierto y transparente”, evitando que una asignación exclusiva termine condicionando el desarrollo de otros proyectos mineros o incluso de futuras inversiones en generación eléctrica.
Desde el EPRE insisten en que la infraestructura de la Línea de 500 kV que une la Estación Nueva San Juan con la Estación Transformadora Rodeo fue financiada, en parte, con aportes realizados a través del Fondo PIEDE por empresas, hogares, comercios e industrias sanjuaninas, por lo que consideran que su utilización debe responder a criterios de equidad y de interés público.
Por eso sostienen que una resolución del ENREGE (antes ENRE), que otorgue ventajas permanentes a un solo emprendimiento también podría afectar uno de los activos más importantes que hoy tiene la minería en San Juan: la licencia social. “Vicuña pone en riesgo la licencia social con su egoísmo y actitud cerrada con el tema eléctrico”, resumió una de las fuentes, al asegurar que el objetivo de la provincia es impedir que esta asignación ocurra.
El segundo eje: defender la posición de San Juan
La estrategia provincial no termina con la presentación realizada el viernes pasado ante el ENREGE. Según pudo reconstruir Tiempo de San Juan, si la resolución nacional finalmente no contempla los planteos de San Juan, el Gobierno provincial y el EPRE ya tienen previsto avanzar por todas las herramientas institucionales disponibles para defender su posición. Incluyendo las vías administrativas y judiciales que correspondan.
Fuentes al tanto de las conversaciones explicaron que el objetivo sigue siendo alcanzar una solución consensuada que permita avanzar rápidamente con las inversiones, pero dejaron en claro que la Provincia no está dispuesta a resignar el principio de igualdad en el acceso a una infraestructura considerada estratégica para el futuro minero sanjuanino
La intención, explican, no es judicializar el conflicto como primera opción, sino agotar previamente las instancias de diálogo y buscar una solución que permita compatibilizar el desarrollo del proyecto de cobre Vicuña con el resto de los proyectos que necesitarán acceder a la misma infraestructura eléctrica en el futuro.
La decisión que adopte el ENRE en la resolución que se espera en los próximos días no solo resolverá el pedido presentado por Vicuña: también sentará un precedente sobre cómo se administrará, de ahora en más, el acceso a una obra que será determinante para el desarrollo de los grandes proyectos de cobre de San Juan.
