En 2 años dieron de baja casi a la mitad de los planes sociales nacionales en San Juan

El dato surgió después de que trascendiera que dieron de baja a unos 3.000 beneficiarios del programa Entrenamiento en Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, luego de que detuvieran  a dos hermanos que intentaban operar con 51 tarjetas de estos planes, uno de ellos era empleado de esta Gerencia de Empleo.

Pero la baja de casi el 50 % de los planes corresponde al total de los programas, que incluye los destinados o jóvenes o a la inserción laboral.

Los planes sociales que se dieron de baja pertenecen a varias organizaciones “que en la gestión anterior presentaban más proyectos de los que podían sostener. Esto se bajó por la tarea de supervisión que llevó adelante la Gerencia de Empleo. La organización que más sufrió bajas fue Unidad y Esperanza”, dijo López.

Agregó que el error principal en los programas estaba en vincular personas a proyectos inexistentes, por ejemplo había un taller metalúrgico en Albardón y cuando corroboraron los beneficiarios, éstos estaban en varios departamentos y  el taller era inexistente. “Evidentemente estos proyectos cayeron y por lo tanto, estas personas que cobraban un subsidio a cambio de nada. Eso se logró regularizar en estos años y eso produjo estas bajas”, contó la titular de la Gerencia.

Además, a partir de 2016, dejaron afuera cualquier proyecto si no estaba ordenado como correspondía, en un lugar fijo y con las máquinas que decían que usarían para capacitar. Sin esto, el proyecto no se recibía.

Luego contó que el programa destinado a las organizaciones sociales empezó en el 2001, cuando por la crisis las empresas despedían trabajadores y el Ministerio de Trabajo ideó un programa de contención y trabajo que puso en manos de las organizaciones sociales que  primero contenían a la población vulnerable. “Pero después se hicieron más populares y con pautas un poco más a los destinos de la política. Debían tener un lugar fijo en sedes o uniones vecinales o talleres de empresas abandonados y tenían muchas personas en los barrios, el Ministerio pagaba un subsidio si estaban vinculados a la presentación de un proyecto y esa organización debía estar en regla, con personaría y libros al día”, señaló la funcionaria.

En el 2016 los beneficiarios cobraban $1200 y ahora cobran $1850. “Vinimos a contener y aumentamos los planes más allá de la inflación. Pero también vinimos a controlar y la verdad que no funcionaban como capacitación”.

López dijo que si por ejemplo se abría un taller de costura que contenía a 12 mujeres que hacían ropa para donar a otras instituciones, la idea era que cuando terminaba el entrenamiento podía ir a su casa y ponerse a trabajar en esa capacitación. “Este mismo proyecto que presento una organización en Chimbas, lo replicó en los 19 departamentos. Este taller que no era ni móvil ni trasladable se intentó replicar y desde esta gerencia se permitió, pasó en la gestión anterior, vincular personas solamente con el DNI de forma irresponsable porque no hay datos de ellos en el sistema. Hoy, los beneficiarios tiene una historia laboral, no solo domicilio y DNI sino también datos telefónicos, conocimientos previos, y todo lo que haga que contemos con esa información cuando sea necesario”, señaló López.

 Aseguró que hay más de 35 organizaciones sancionadas. “No quiero mencionar porque algunas trabajan mal y otras bien, son casi todas locales, no pasa como en otras provincias donde son todas nacionales. Acá tenemos la agrupación Virgen de Fátima, que responde a Carlos Gómez; Unidad y Esperanza, que responde a Firmapaz; la local Mardan, que lidera Marcelo Tejada; la nacional Corriente Clasista Combativa, de Vanesa Valle. Hay otras pequeñas que tienen uno o dos proyectos y que contienen  a la gente muy bien como Amas de Casa del País que siendo nacional está muy radicada en su accionar en la provincia y llevan adelante una tarea de capacitación verdadera, a cargo de Laura Vera, con quien trabajamos siempre codo a codo para que bajen muchos beneficios”, dijo la funcionaria.