La reglamentación de la nueva Ley de Transporte comenzó a regir oficialmente el pasado viernes en San Juan y abrió una nueva etapa para el transporte de pasajeros en la provincia. Mientras el Gobierno local destacó que la normativa elimina el antiguo sistema de licencias y establece un registro único para taxis, aplicaciones y demás prestadores, desde el sector de los taxistas señalaron que todavía persisten incertidumbres sobre cómo se aplicarán varios de los cambios.
Así lo manifestó este lunes Cristian Flores, presidente de la Cámara de Permisionarios de San Juan (CAPE), durante una entrevista con Estamos a Tiempo, el programa magazine de Tiempo Streaming. El dirigente afirmó que el sector esperaba desde hace meses la reglamentación para conocer el alcance de la nueva ley, aunque sostuvo que aún faltan precisiones sobre algunos puntos considerados centrales.
Según explicó, la principal preocupación gira en torno al funcionamiento del Registro Provincial de Transporte (REPROT), el sistema digital obligatorio en el que deberán inscribirse tanto los actuales taxistas como los conductores de aplicaciones de transporte.
"Sabemos que habrá un registro obligatorio para todos los prestadores, pero todavía no sabemos cómo será la aplicación ni cuáles serán todos los requisitos que deberán cumplir quienes trabajen mediante plataformas", resumió.
El REPROT, el punto que genera más incertidumbre en la cámara
Flores aseguró que el decreto reglamentario dejó varios interrogantes abiertos respecto del funcionamiento del nuevo registro. Si bien el Gobierno informó que todos los prestadores deberán inscribirse y que el sistema será completamente digital, todavía no se conocen detalles sobre su implementación práctica.
Entre las dudas que enumeró aparecen las exigencias que deberán cumplir los conductores de aplicaciones, la modalidad de inscripción, la documentación requerida, la identificación que tendrán los vehículos y el funcionamiento de la plataforma informática.
También planteó interrogantes sobre otros requisitos previstos por la nueva normativa, como la antigüedad máxima permitida para los vehículos, el futuro de los autos que actualmente no cumplen con ese límite y la eventual exigencia de inscripción en el monotributo para quienes desarrollen la actividad.
En ese sentido, sostuvo que esperan mantener reuniones con las autoridades provinciales para conocer los pasos a seguir y que se otorgue un plazo razonable para que los trabajadores puedan adecuarse a las nuevas exigencias administrativas.
Aceptan la convivencia con las aplicaciones, pero reclaman igualdad
Uno de los cambios más importantes introducidos por la reglamentación es el reconocimiento formal de los vehículos que trabajan mediante aplicaciones de transporte. La nueva normativa crea la figura del "auto no identificado", cuyos viajes serán pactados exclusivamente a través de plataformas digitales y ya no estarán sujetos a una tarifa regulada por el Estado.
Flores reconoció que el sector ya asume ese escenario y que no pretende revertir la legalización de las aplicaciones. Explicó que los precios continuarán siendo fijados por la oferta y la demanda, tal como ocurre actualmente con Uber o DiDi, por lo que la diferencia tarifaria respecto del taxi tradicional seguirá existiendo.
Sin embargo, insistió en que el principal reclamo pasa por garantizar condiciones similares para todos los prestadores.
Desde la CAPE consideran que la reglamentación avanzó parcialmente en ese objetivo al establecer obligaciones comunes, aunque entienden que la verdadera igualdad dependerá de cómo finalmente se implemente el REPROT y de los controles que realice el Estado.
Flores también señaló que hubiera sido importante que el Gobierno incorporara la experiencia de quienes llevan años trabajando en el sector al momento de definir algunos aspectos técnicos de la reglamentación.