Cristina Kirchner reaparecerá en público tras el atentado que sufrió contra su vida este viernes a las 17, cuando cierre un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica en Pilar, provincia de Buenos Aires. La sorpresa que le preparó para la ocasión el tribunal integrado por los jueces macristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia a la vicepresidenta es la liberación de los dirigentes del grupo neonazi Revolución Federal, detenidos por escraches y amenazas de muerte a políticos del oficialismo, especialmente a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner.
Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron designados por Mauricio Macri cuando estaba cargo del ejecutivo, y dos de ellos llegaron a camaristas a través de traslados que no pasaron por el Senado.
Además de Jonathan Morel, el líder del grupo neonazi, fueron liberados Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.
El fallo del cuestionable tribunal señala que "en cuanto al posible entorpecimiento de la investigación, no coincidimos con el juez de grado, pues los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos. En ese sentido, tampoco el Magistrado de la instancia inferior identifica en concreto cuáles serían los comportamientos obstructivos que Morel podría asumir en caso de recobrar su libertad. Además, hay que destacar la actitud colaborativa asumida por el nombrado quien, oportunamente, aportó voluntariamente las claves de sus redes sociales y PC y el patrón de desbloqueo de su teléfono celular para ser peritado".
"Estimamos que no existen riesgos procesales actuales que permitan mantener la privación de la libertad de Jonathan Ezequiel Morel en estas actuaciones. Sin embargo, creemos necesaria la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo el a quo seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal vigente, siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido", agregaron.
El tribunal se mantiene firme en mantener la causa de las amenazas y los escraches separada respecto a la del atentado contra Cristina Kirchner, pese a que se probaron las conexiones entre Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel con Revolución Federal y Nación de Despojados, el otro grupo de ultraderecha que realizaba en tándem actos públicos que incluían guillotinas, piedras y antorchas.
Es que, si deciden unificar las causas, se complicaría la situación de los que hasta ahora aparecen como financistas de Revolución Federal, empresas de la familia Caputo, uno de cuyos integrantes, Nicolás, es “el hermano de la vida” de Mauricio Macri. Otro “aportante” es el que fue su ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, que perpetró, por orden de Macri, el pago de la deuda que Argentina sostenía con fondos buitres, en las condiciones que exigían los holdouts, y hasta haciéndose cargo de los honorarios de los abogados.
Hace pocos días el mismo Morel reconoció haber sido financiado en su emprendimiento de carpintería (según él aprendió a hacer muebles con un tutorial de YouTube) por los Caputo en 15 millones de pesos. Es decir, una de las constructoras más antiguas del país, de intereses multimillonarios, súper contratista del Estado, encargaba sus trabajos para empresas en el sur a una carpintería de Boulogne, abierta hace dos años, que no estaba inscripta ni en monotributo, que jamás había hecho un trabajo semejante, y que no poseía ni siquiera un local a la calle. Todo muy normal.
A Sosa, en tanto, un joven al que no se le conocía ocupación y se hizo famoso por haber estado varias veces en el departamento de Ximena Texano Pinto, conocida como la vecina de Cristina, le encontraron en la casa 50.000 dólares que no pudo explicar.
“Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa nro. 2998/2022 ya fue rechazada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado del fuero n° 5 (María Eugenia Capuchetti) y por la presidencia de esta Cámara (causa nro. 3103/2022/1/SE1) y no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”, señalaron, en este sentido.
Los abogados de Cristina Kirchner fueron muy claros. José Manuel Ubeira señaló que “no me sorprende que la Sala I de la Cámara Federal, ahora se harán responsables de la violencia que puede ocurrir y de las amenazas que pueda recibir Cristina y sus hijos".
Ubeira, que consideró al falló como “fascista, que empodera a los violentos”, recalcó: "Es hora de que los jueces se hagan cargo de los eventuales muertos que haya cuando ponen a estos chicos en libertad. Morel dice que va a matar a Cristina y a Máximo. Están financiados por los hermanos Caputo. Y ahora tienen cobertura judicial”.
