El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se ha sumado formalmente al régimen simplificado de Ganancias previsto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. Con este movimiento, Sturzenegger sigue los pasos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del diputado José Luis Espert, consolidando la adhesión en bloque de figuras clave del oficialismo a este nuevo paradigma tributario.
Un cambio de paradigma con impacto político
La Ley de Inocencia Fiscal marca un quiebre histórico en el sistema impositivo argentino al abandonar la tradicional presunción de culpabilidad del contribuyente. Bajo este esquema, el Estado ahora considera que el ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, centrando la fiscalización de ARCA exclusivamente en los ingresos facturados y dejando de lado el control sobre los gastos personales o cambios patrimoniales.
Desde el entorno de Sturzenegger, se ha defendido la decisión como una simple opción por un "mecanismo más sencillo" para cumplir con las obligaciones de Ganancias, rechazando cualquier interpretación de irregularidad. Sin embargo, la adhesión de los propios diseñadores de la política económica ha encendido alarmas éticas. Sectores críticos sostienen que el régimen funciona, en la práctica, como un "blanqueo encubierto", ya que el Estado renuncia a investigar el origen de los fondos y las variaciones de riqueza de quienes se acogen al sistema.
Los beneficios del "Efecto Liberatorio"
Uno de los puntos más polémicos para la opinión pública es el denominado "efecto liberatorio" del régimen. Una vez que el contribuyente acepta y paga la declaración predeterminada por ARCA, queda liberado de reclamos posteriores por parte del fisco, siempre que no se detecte omisión de ingresos facturados.
Para los funcionarios públicos, esto implica una protección significativa:
- Blindaje patrimonial: ARCA ya no exige informar el patrimonio inicial, final, ni el "consumido", lo que dificulta el control social y judicial sobre la evolución de sus bienes.
- Reducción de controles: El sistema prioriza la facturación por sobre la investigación de activos, lo que debilita la capacidad del Estado para combatir la evasión y el lavado de dinero.
Reformas hacia los "Grandes Contribuyentes"
La estrategia política del Gobierno no se detiene en la reglamentación actual. Recientemente, se envió un proyecto de reforma para eliminar los límites de ingresos y patrimonio (antes fijados en $1.000 millones y $10.000 millones respectivamente), permitiendo que los grandes contribuyentes nacionales también gocen de este régimen simplificado.
Asimismo, la normativa ha elevado drásticamente los montos mínimos para que la evasión sea considerada delito penal, pasando de $1,5 millones a $100 millones para la evasión simple. Esta combinación de medidas es interpretada por el oficialismo como una señal de "respaldo político" a la gestión de Luis Caputo para atraer dólares al circuito formal, aunque para otros representa la institucionalización de la impunidad fiscal para los sectores de mayor poder económico y político.