Luego de casi tres años de conflicto por los fondos destinados al sistema universitario, el Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas lograron alcanzar un acuerdo que busca descomprimir una de las disputas más prolongadas entre ambas partes.
El entendimiento fue sellado este miércoles durante una reunión encabezada por autoridades de la Subsecretaría de Políticas Universitarias junto a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La propuesta contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes, además de refuerzos presupuestarios para becas estudiantiles, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento.
Según trascendió, el acuerdo incluye una mejora salarial del 24%, distribuida en dos tramos: un 21,33% a aplicarse en junio y otro 3% previsto para octubre. También se incorporarán partidas adicionales para sostener servicios esenciales dentro de las casas de estudio.
Las negociaciones se aceleraron en las últimas semanas ante la posibilidad de que la Corte Suprema se expidiera sobre la demanda impulsada por las universidades para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno buscaba una salida consensuada que permitiera encauzar el conflicto sin que avanzara el litigio judicial.
Pese al acercamiento, los rectores ratificaron que mantendrán la demanda judicial vinculada a la aplicación de la ley aprobada por el Congreso. De esta manera, aunque el acuerdo representa un avance en materia presupuestaria y salarial, la discusión de fondo sobre el financiamiento universitario continuará en los tribunales.
El conflicto universitario se había convertido en uno de los principales focos de tensión para la administración de Javier Milei, con movilizaciones masivas, paros docentes y reclamos de estudiantes y autoridades académicas en distintos puntos del país.