La situación del transporte público en San Juan atraviesa un clima de tensión luego de que los usuarios advirtieran una notable caída en la frecuencia de los colectivos. Según denuncias de la UTA y reportes ciudadanos, empresas como Mayo y El Libertador implementaron un esquema de circulación reducido, similar al de las vacaciones, lo que duplicó los tiempos de espera en las paradas. Mientras desde el sector empresario, nucleado en ATAP, justificaron esta medida alegando atrasos en los pagos de subsidios estatales para ahorrar combustible, la Secretaría de Transporte salió a cruzar estas afirmaciones y anunció medidas directas contra las prestadoras.
Marcelo Molina, titular del área de transporte, desmintió los motivos económicos detrás del recorte de servicios. El funcionario aseguró que la administración provincial cumple estrictamente con sus compromisos financieros y que no existe razón para la quita de unidades en las calles. Molina señaló en rueda de prensa que “el Gobierno Provincial no mantiene deuda con las empresas. Es una información errónea”. En ese sentido, el secretario remarcó que el flujo de fondos se mantiene según lo pactado previamente, afirmando que el pago “está en el cronograma de pago como corresponde”.
Ante esta situación, la Secretaría de Transporte decidió actuar mediante la aplicación de castigos económicos a las empresas que no cumplieron con los recorridos establecidos por contrato. Molina confirmó que las firmas involucradas ya han recibido las notificaciones pertinentes y que “han sido sancionadas y se comunicará oportunamente la multa y la sanción correspondiente”. Según detalló el funcionario, estas penalidades responden estrictamente al incumplimiento de las frecuencias que deben garantizar el servicio a los sanjuaninos, aclarando que “son sanciones económicas por no haber prestado el servicio de la manera diagramada”.
El malestar oficial también se da por la falta de canales formales por parte de las empresas para manifestar cualquier tipo de reclamo antes de decidir el recorte de frecuencias que afectó a miles de pasajeros. El secretario de Transporte puso en duda los motivos reales de la medida al no existir expedientes que respalden la supuesta crisis. Mencionó que “no ha habido una comunicación por nota”. Este conflicto tiene como antecedente inmediato una amenaza de paro por parte de los choferes nucleados en UTA que fue frenada por una conciliación obligatoria, en un clima de incertidumbre donde ahora el Gobierno busca normalizar el servicio bajo la amenaza de nuevas multas.