La tensión en los pasillos de Tribunales no cede. Lo que comenzó como un malestar soterrado en las salas de audiencias del sistema procesal penal acusatorio de San Juan, ha escalado hasta convertirse en un fuerte e inédito choque institucional entre los fiscales y los jueces de Garantías de la provincia. En el centro del debate se encuentra una profunda discrepancia sobre los límites de las formalidades procesales y el trato hacia las personas que han sufrido delitos.
El primer golpe sobre la mesa lo dio el Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS). A través de un severo comunicado, el organismo denunció prácticas judiciales que, a su entender, exponen a los denunciantes a situaciones de vulnerabilidad y "revictimización institucional".
El detonante es la creciente exigencia por parte de algunos jueces de Garantías de requerir la presencia física de las víctimas en los tribunales para convalidar salidas alternativas de conflictos (como la suspensión de juicio a prueba o mediaciones). Según los fiscales, esta medida constituye un exceso de rigor formal, ya que las víctimas, en la mayoría de los casos, ya han prestado su consentimiento libre, voluntario y por escrito ante el Ministerio Público Fiscal.
Entre los puntos centrales del planteo, desde CONFIAS remarcaron, en férrea defensa de la legalidad, que "la única fuente del derecho procesal es la ley" (Ley 1851-O) y que los jueces no pueden crear requisitos por vía pretoriana que los legisladores no establecieron. Además, apelando al trato digno, consideraron que obligar a una víctima a comparecer frente a quien le causó el daño, sin obligación legal que lo imponga, resulta directamente revictimizante y la expone nuevamente a la vulnerabilidad. Finalmente, el comunicado funcionó como un blindaje político, ya que ratificaron su respaldo absoluto a los fiscales de instrucción que se resisten a acatar estas exigencias "extranormativas".
La palabra de CONFIAS: "No confían en la Fiscalía"
La polémica sumó peso específico con las declaraciones de Daniela Pringles, vicepresidenta segunda de CONFIAS. La funcionaria respaldó públicamente el documento y defendió férreamente el trabajo de los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Para Pringles, existen herramientas jurídicas y probatorias de sobra para acreditar la voluntad de la víctima sin forzar una nueva citación presencial que pueda generar un perjuicio emocional.
"Si yo como fiscal he recibido el consentimiento y está firmado, y el acta es exhibida en la audiencia, indudablemente no están confiando en el trabajo de la Fiscalía", sentenció la funcionaria, dejando al descubierto la grieta de confianza entre ambos eslabones del sistema penal.
El contragolpe: la respuesta del Colegio de Jueces
Lejos de dejar pasar el embate, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan emitió su propia respuesta oficial. Con un tono firme y apelando al resguardo de las garantías constitucionales, los jueces justificaron su accionar y enviaron un claro mensaje a los fiscales respecto a las formas y los ámbitos de discusión.
La entidad que agrupa a los magistrados argumentó que la citación de las personas afectadas por un delito responde al estricto cumplimiento de la ley y busca garantizar su derecho a ser escuchadas ante decisiones que pueden implicar el cierre definitivo de una causa, desmintiendo de plano que esto constituya una revictimización.
Los pilares de la defensa de la Magistratura se sostienen en tres ejes. En primer lugar, posicionando al Juez como director del proceso, reafirmaron que es competencia exclusiva del magistrado velar por el respeto de las garantías de todos los sujetos procesales (víctimas y victimarios), en cumplimiento de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. En segundo término, esgrimieron el derecho a ser oída, argumentando que citar a la persona afectada tiene la finalidad estricta de resguardar su derecho a tener conocimiento directo de los actos procesales y ser escuchada frente a medidas que finalizan el proceso.
Por último, plantearon la necesidad de un debate puertas adentro: en el párrafo más duro del documento, el Colegio exigió que las diferencias jurídicas se debatan y resuelvan en las instancias correspondientes (las audiencias). Solicitaron enfáticamente evitar expresiones agraviantes o indecorosas hacia la magistratura y cuestionaron las manifestaciones efectuadas por fuera del proceso que terminan descontextualizando lo acontecido en los tribunales.
El cruce de comunicados deja en evidencia una fractura en la dinámica del sistema penal sanjuanino. Por un lado, la Fiscalía pugna por la celeridad, la confianza en sus actos probatorios y la protección emocional de la víctima; por el otro, la Magistratura se atrinchera en el control de legalidad, la formalidad ineludible de los actos y el derecho irrenunciable a la tutela judicial efectiva.