La causa que investiga presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum aún se encuentra en una etapa preliminar y está lejos de una definición judicial. Sin embargo, el avance del expediente ya empieza a generar interrogantes sobre un escenario futuro: qué papel podría desempeñar la Corte si el caso termina llegando al máximo tribunal. Tiempo de San Juan le consultó al presidente del organismo, Daniel Olivares Yapur.
La causa judicial investiga presuntas irregularidades en el proceso de licitación, contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una de las obras de infraestructura más importantes encaradas por la provincia para garantizar el abastecimiento de agua potable en el Gran San Juan. El proyecto fue licitado durante 2017, en la primera gestión de Sergio Uñac como gobernador, y contempló la construcción de un sistema de más de 80 kilómetros de cañerías destinado a transportar agua desde la planta potabilizadora de Marquesado hacia distintos departamentos. La investigación busca determinar si existieron maniobras irregulares en la adjudicación de contratos y en la provisión de materiales para la obra. Entre los elementos incorporados al expediente figura documentación que vincularía a Gustavo Monti, primo del exgobernador, con Krah, la empresa que resultó adjudicataria de las licitaciones para proveer los caños utilizados en el acueducto.
Consultado por este medio sobre la posibilidad de inhibirse o intervenir en una eventual revisión del caso, el magistrado evitó adelantar cualquier postura. “No puedo hacer ese anticipo porque estaría faltando a mi deber como juez de la Corte anticipar cuál va a ser mi posición. En ninguna causa puedo hacerlo”, respondió.
La respuesta deja abierta la incógnita. Por ahora, Olivares Yapur no adelantó si analizaría apartarse del expediente o si eventualmente participaría de su tratamiento.
La pregunta surge por una serie de antecedentes políticos e institucionales que lo vinculan al peronismo sanjuanino. Antes de llegar a la Corte, fue candidato a diputado departamental por el Partido Justicialista en Pocito durante las elecciones de 2003. Posteriormente desarrolló una extensa carrera judicial y, al momento en que se licitó el Acueducto Gran Tulum, en 2017, se desempeñaba como juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería. Su llegada a la Corte se produjo en noviembre de 2019, durante la última etapa del primer mandato de Uñac como gobernador.
Además, Olivares Yapur integró junto a Adriana García Nieto y al fallecido fiscal General Eduardo Quattropani el Tribunal Electoral Provincial que habilitó la candidatura de Sergio Uñac para buscar una nueva reelección en 2023. Aquella decisión fue posteriormente revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que terminó inhabilitando la postulación del entonces mandatario provincial.
Qué tiene que pasar para que la causa llegue a la Corte
La posibilidad de una intervención de la Corte provincial todavía aparece como un escenario lejano. Actualmente, la investigación se encuentra en la etapa de Investigación Penal Preliminar, una instancia que puede extenderse hasta un máximo de 90 días. Precisamente este martes estaba prevista una audiencia para analizar una nueva prórroga de ese plazo, pero la jueza de Garantías Irene Mabel Moya resolvió pasar a cuarto intermedio al advertir que algunos involucrados no habían sido correctamente notificados.
La audiencia debía retomarse este miércoles, aunque volvió a suspenderse debido a la ausencia de una de las defensas. Una vez concluida la etapa preliminar, los fiscales deberán determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia la formalización de la investigación.
Si eso ocurre, se abrirá la Investigación Penal Preparatoria (IPP), ya con personas imputadas y una producción de prueba más amplia. Luego podría llegar una acusación fiscal, la eventual elevación a juicio oral, el debate ante un tribunal y una sentencia. Recién después aparecen las instancias de revisión e impugnación.
La Corte de Justicia de San Juan no interviene automáticamente en los procesos penales. Su participación suele producirse a través de recursos extraordinarios o planteos específicos, una vez que ya existen resoluciones de tribunales inferiores.
Por ese motivo, aun cuando la causa se formalice y continúe avanzando, todavía debería atravesar varias etapas procesales antes de alcanzar al máximo tribunal provincial.
La situación de los otros integrantes de la Corte
La eventual llegada del expediente a la Corte también podría poner bajo análisis los antecedentes de otros integrantes del máximo tribunal, ya que los cinco ministros tuvieron vínculos con el Poder Ejecutivo o la actividad política antes de asumir sus cargos.
Adriana García Nieto fue asesora letrada del Gobierno de San Juan entre 2015 y 2018 durante la gestión de Sergio Uñac. Previamente, entre 2012 y 2015, ocupó la Subsecretaría General de la Gobernación durante administraciones vinculadas al giojismo.
Marcelo Lima desarrolló una extensa carrera política dentro del peronismo sanjuanino. Fue vicegobernador durante la gestión de José Luis Gioja e intendente de Capital. En 2020 ingresó a la Corte durante el gobierno de Uñac.
Juan José Victoria también tuvo antecedentes en la función ejecutiva. Entre 2001 y 2005 fue fiscal General de la Municipalidad de Rawson y posteriormente representante legal del Ejecutivo municipal antes de iniciar su carrera judicial. En 2019 fue designado ministro de la Corte.
Por su parte, Guillermo De Sanctis ocupó la Fiscalía de Estado de San Juan entre 2011 y 2016. Antes había sido diputado provincial y ministro de Salud durante la gobernación de Leopoldo Bravo. Su incorporación al máximo tribunal se concretó en 2016.
Por ahora, el expediente del Acueducto Gran Tulum permanece lejos de esas instancias. Sin embargo, la sola posibilidad de que la investigación alcance algún día a la Corte ya abre interrogantes sobre cómo actuarían sus integrantes frente a una causa que toca de cerca a una de las obras más emblemáticas de los gobiernos de Sergio Uñac.