La Secretaría de Seguridad de San Juan avanza en un proceso de modernización que busca integrar la tecnología privada al sistema de vigilancia provincial. El secretario del área, Enrique Delgado, explicó que el objetivo es generar una vinculación tecnológica donde barrios privados, comercios y parques industriales puedan conectar sus cámaras al CISEM y a la Policía. Según el funcionario, este sistema requerirá siempre el permiso del dueño, quien ante un hecho puntual podrá dar el consentimiento de forma remota. Delgado señaló que "esa autorización la da en base a los fundamentos dados por la seguridad" y que el acceso se producirá "automáticamente desde un OK en el teléfono". Para los parques industriales, la propuesta incluye que las cámaras exteriores estén "enlazadas directamente con el sistema" y sean vigiladas mediante el programa Prisma para dar seguridad tanto a las empresas como a la comunidad vecina.
Complementando esta red de cámaras, el Gobierno tiene en carpeta la incorporación de unidades tecnológicas de despliegue rápido. El secretario detalló, en diálogo con Canal 13 San Juan, que la intención es contar con centros de operaciones móviles para fortalecer la presencia en el territorio. Delgado afirmó que "queremos ir a cuatro COE móviles, que son los camiones que tengan toda la tecnología con dos drones cada uno". Aunque reconoció que hoy los recursos son escasos y se prioriza la compra de cámaras fijas, calificó este proyecto como un paso necesario para el futuro de la seguridad en la provincia.
La estrategia actual se apoya en el programa Prisma, al que Delgado definió como "un programa integral de seguridad y monitoreo activo". Esta nueva herramienta busca transformar las casillas policiales en puntos de vigilancia donde un agente pueda controlar entre 15 y 20 cámaras de su zona en tiempo real, logrando que la respuesta sea "mucho más inmediata que la de hoy del CISEM". El funcionario advirtió que la inversión en esta área es elevada debido a las exigencias judiciales, aclarando que "la tecnología es cara porque no es solamente monitorear y que suceda un hecho y grabarlo", sino que requiere un software que garantice que la imagen no sufra alteraciones para ser usada como prueba.
En cuanto a la gestión penitenciaria, Delgado expuso el conflicto histórico por el alojamiento de presos federales y la deuda que mantiene la Nación con la provincia. Al respecto, recordó que al iniciar la gestión "lo que Nación pagaba eran 376 pesos por día por interno federal", una cifra que calificó de simbólica frente a los costos reales de mantenimiento. El plan oficial busca que el Servicio Penitenciario se haga cargo de todos los detenidos de la provincia para liberar a la policía de esa tarea y que el efectivo se concentre en la prevención. Para esto, el secretario propuso el uso de "tobilleras electrónicas" para condenas cortas y la creación de unidades estratégicas en departamentos como Iglesia o Jáchal para internos de baja peligrosidad.
Además, sobre el funcionamiento administrativo y de personal, el secretario descartó cambios en la ley de contabilidad pero enfatizó la necesidad de "optimizar los tiempos de procesamiento de los expedientes" para agilizar las compras urgentes. Respecto a las vacantes para el próximo año, Delgado supeditó los ingresos a la disponibilidad económica, aunque estimó que "la máxima va a ser las vacantes producidas en el año pasado", lo que representaría unos "130 entre personal, agente y oficiales" para la policía y 40 para el servicio penitenciario.
