"Todo lo que ha surgido es a través de los medios y nosotros, desde el primer momento que existieron estas novedades, nos pusimos a estudiar el tema. Cada vez tenemos más elementos como para tener en cuenta en el caso de que se inicie una acción judicial; es decir, estamos juntando antecedentes para una eventual presentación". Con estas palabras, el fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, describió el escenario de alerta en el que se encuentra la provincia frente a las pretensiones del gobierno vecino.
La tensión escaló en las últimas horas luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgara la Ley Provincial N.º 10.876. Esta norma no solo ratifica el reclamo riojano sobre un importante sector del territorio que hoy pertenece a San Juan, sino que además instruye formalmente a la Fiscalía de Estado de la provincia vecina a avanzar con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ante este panorama, Dávila explicó este martes, en diálogo con radio Estación Claridad, la postura sanjuanina y sus argumentos. Según manifestó el funcionario, la provincia posee elementos históricos, técnicos y jurídicos suficientes para respaldar el límite actual, ya que ni los precedentes judiciales ni los institucionales avalan la posición que La Rioja ha difundido en los medios.
El fiscal de Estado hizo hincapié en que la normativa que fija los límites tiene una fuerza legal suprema de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte. En este sentido, señaló que la ley 18.004 está vigente desde hace mucho tiempo y que no hay dudas sobre su validez, especialmente porque fue ratificada por otra ley del Congreso de la Nación. Dávila recordó que este proceso no fue una decisión arbitraria de pocas personas, sino el resultado de un exhaustivo trabajo cartográfico, técnico y de agrimensores que se consolidó con el tiempo.
Respecto a cómo se organiza la provincia para lo que viene, el fiscal adelantó que, si el caso llega al máximo tribunal, San Juan no dejará nada al azar. El plan de defensa incluye la participación de un equipo de trabajo integrado por abogados de distintas especialidades, tal como se ha hecho en otras contiendas de gran envergadura, para garantizar una custodia firme de los intereses territoriales.
Los argumentos de San Juan
Dávila analizó varios puntos del reclamo territorial riojano. Sobre la legitimidad histórica del trazado de los límites, el fiscal rechazó la idea de que los límites actuales fueran fruto de una decisión arbitraria o "entre cuatro paredes", defendiendo el proceso técnico que les dio origen: "De acuerdo a los antecedentes que hay, no fue así. Y no ha sido así a lo largo de un poco de la historia que ha fijado el límite, digamos, no es que se le juntaron dos o tres, eh, dijeron, 'Bueno, desde acá límite.' Eso vino a través del cartográfico, trabajo de agrimensores, marcación de público, fijación de límites de acuerdo a lo que se había hecho el trabajo técnico normativa de la provincia".
Sobre la validez legal de la Ley 18.004, dijo que uno de sus argumentos jurídicos fundamentales es la vigencia de la ley sancionada en 1968, independientemente de que haya sido dictada por un gobierno de facto, debido a su posterior ratificación: "Una ley que tiene fuerza de ley suprema, de acuerdo a jurisprudencia que ha aceptado la Corte en cuanto a las leyes que han sido sancionadas en gobiernos de facto y que aún no han sido derogadas. Entonces, este esas leyes tienen vigencia y hasta tanto no se han derogado y además más aún si han sido ratificadas con otra ley del Congreso de la Nación. O sea, que este a mí no me trae duda de que el límite está vigente desde hace mucho tiempo".
Sobre la falta de antecedentes del reclamo riojano, Dávila sostuvo que no existen fundamentos que respalden la posición de la vecina provincia en ninguna instancia previa: "Ni los precedentes judiciales ni los precedentes institucionales este avalan la posición de La Rioja, por lo menos de la que han difundido en los medios. No hay nada y creo que no hay nada nuevo hace mucho tiempo".
Sobre la estrategia de defensa ante la Corte Suprema, explicó que la defensa de San Juan será colectiva y especializada si el caso llega al máximo tribunal: "Generalmente en acciones así de envergadura es un equipo de trabajo de abogados de distintas especialidades los que participamos en las contiendas, digamos. O sea, no necesariamente tiene que ser uno u otro, sino que puede ser un equipo de trabajo, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades".
La movida de Quintela
La estrategia de Ricardo Quintela busca anular la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 durante un gobierno de facto, bajo el argumento de que no contó con la intervención del Congreso en aquel momento. La zona en disputa no es menor: abarca una superficie de 2.651 kilómetros cuadrados en el departamento Iglesia, una franja que va desde el cerro El Potro hasta el Valle de la Luna. Se trata de una región con un valor estratégico incalculable debido a su riqueza minera, su potencial para el turismo y la presencia del Parque Provincial Ischigualasto, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. A pesar de que San Juan considera que la discusión está saldada por las ratificaciones posteriores del Congreso en democracia, La Rioja ha decidido crear incluso una comisión especial de especialistas para intentar torcer la historia en los tribunales.
