Gema Giselle Galván es una reconocida psicóloga de San Juan, dedicada especialmente a la atención de adolescentes y niños/as. Es la actual tesorera del Colegio de Psicólogos de la provincia, comenzó sus funciones el 20 de mayo del 2025 y terminarán el próximo 30 de junio. La profesional forma parte de la Junta Directiva, presidida actualmente por la Lic. Melisa Rodríguez, que tomó la decisión de renunciar después de que salieran a la luz varias supuestas irregularidades que tienen como centro, entre otras cosas, el movimiento de dinero sin documentación que respalde tal accionar.
Galván fue presidenta del Colegio desde el 2021 al 2023. Posteriormente, fue revisora de cuentas durante la gestión de Andrés Heredia, durante el período 2023-2025. En las elecciones del año pasado, volvió a estar en la lista, pero esta vez en un lugar mucho más elevado, ya que solo estaba detrás de Rodríguez y de la vicepresidenta, Ivana Garcés.
La profesional quedó en el centro de la polémica, puesto que hay puntos que marcaron las revisoras de cuentas actuales que tienen que ver con dinero. El manejo de los recursos económicos fue uno de los principales focos de conflicto entre la Junta Directiva y las revisoras de cuentas. Entre las observaciones surgió una diferencia de más de $6,4 millones detectada en una cuenta vinculada al Fondo Solidario. Mientras los órganos de control pusieron la lupa sobre la administración de esos fondos, la conducción sostuvo que no existió perjuicio patrimonial ni faltante de dinero y atribuyó la situación a cuestiones de registración y asignación contable.
Otro de los puntos observados estuvo relacionado con la documentación contable correspondiente al período enero-mayo de 2025. Las revisoras de cuentas señalaron dificultades para acceder a parte de la información respaldatoria, mientras que la Junta Directiva sostuvo que la documentación se encontraba desordenada, pero que posteriormente fue reconstruida, analizada y certificada por profesionales contables. La conducción afirmó además que ese período corresponde a una gestión anterior y negó cualquier perjuicio económico para la institución.
También generó debate una inversión de $20 millones realizada a través de un fondo común de inversión. Desde la Junta defendieron la medida al sostener que tuvo como objetivo preservar el valor de los recursos del Colegio frente a la inflación y remarcaron que los fondos nunca dejaron de pertenecer a la institución. Según explicaron, la operación fue autorizada por los órganos correspondientes y se encontraba contemplada en la normativa interna
Más allá de que la gestión realizó un informe detallado con cada una de los puntos que planteó la Revisora de Cuentas, luego de algunas renuncias, "las cabezas" de la Junta Directiva decidieron dar un paso al costado. El próximo 22 de junio se llevará adelante una Asamblea General en la que decidirán el futuro del Colegio, ya que en el pasado cercano no hay antecedentes de una situación de acefalía como la que está atravesando la institución actualmente.
Qué pasó con Personería Jurídica
Tiempo de San Juan pudo saber que, durante 2025, el Colegio de Psicólogos dejó de estar bajo la órbita de control de la Dirección de Personas Jurídicas, un esquema de supervisión que la propia institución había adoptado de manera voluntaria años atrás. Según distintas fuentes vinculadas al conflicto interno, la salida de ese mecanismo de control eliminó una instancia de acompañamiento institucional que, entienden, podría haber contribuido a prevenir parte de las dificultades que hoy atraviesa la entidad.
La particularidad del caso radica en la naturaleza jurídica del Colegio. La institución fue creada por ley provincial en 1985, actualmente identificada como Ley 303-A, y está definida como una entidad de derecho público no estatal. La norma establece que su máxima autoridad es la Asamblea de matriculados y le otorga capacidad para actuar y obligarse tanto en el ámbito público como privado, por lo que cuenta con autonomía para su funcionamiento.
En ese marco, el Colegio no tiene la obligación legal de someterse al control de Personas Jurídicas. Sin embargo, algunas entidades profesionales optan por hacerlo de manera voluntaria para contar con una instancia adicional de supervisión administrativa y asesoramiento institucional. Entre ellas se encontraba el propio Colegio de Psicólogos, al igual que otros organismos profesionales de la provincia, como el Colegio de Ingenieros.