Tras el cuarto intermedio dispuesto el martes, la jueza de Garantías Mónica Lucero resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y otorgó una prórroga de 90 días hábiles para continuar reuniendo pruebas en la causa.
La solicitud había sido realizada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes llevan adelante la pesquisa en el ámbito de la UFI de Delitos Especiales. Según informaron fuentes vinculadas al expediente, la extensión del plazo fue concedida con el objetivo de profundizar el análisis de documentación e informes técnicos incorporados recientemente al proceso.
De la audiencia también participó, en representación de la Fiscalía de Estado, el abogado José Aníbal Fraifer, quien sigue de cerca una investigación en la que la Provincia se constituyó como querellante ante la posible existencia de un perjuicio patrimonial para las arcas públicas.
La resolución llega luego de que este martes la magistrada decidiera pasar la audiencia a un cuarto intermedio para garantizar la notificación del abogado Nasser Uzair, defensor de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol. Ambos podrían quedar bajo investigación a medida que avance la causa, según se desprende de las actuaciones judiciales.
Con la prórroga ya concedida, los fiscales dispondrán de tres meses más para completar la etapa de investigación preliminar. Finalizado ese plazo, deberán definir si existen elementos suficientes para avanzar hacia una audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP), instancia en la que se formalizan las imputaciones y se comunica a los sospechosos cuáles son los delitos que se les atribuyen. En caso contrario, la denuncia podría ser archivada o desestimada.
Una causa que apunta a la obra más costosa de OSSE
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente del GEN San Juan, Marcelo Arancibia, quien puso bajo la lupa el proceso de contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum durante la gestión provincial anterior.
Entre otros aspectos, la denuncia cuestiona la participación de la empresa encargada de la obra, que aún no fue finalizada, y plantea la posible comisión de delitos contra la administración pública. En ese marco, la Justicia analiza si existieron conductas que podrían encuadrarse en figuras como administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, cohecho e incluso una eventual asociación ilícita administrativa.
La causa también tiene un fuerte componente económico. La obra fue financiada mediante un préstamo otorgado por el Estado de Kuwait y, según se informó oficialmente, la Provincia enfrenta una deuda cercana a los 100 millones de dólares vinculada a ese financiamiento, pese a que los trabajos aún no fueron concluidos.
Las ampliaciones de denuncia presentadas por Arancibia y la gran cantidad de documentación técnica incorporada al expediente fueron algunos de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía para solicitar la extensión excepcional de los plazos de investigación, una petición que finalmente recibió el aval judicial.