Mientras el discurso oficial sostiene la necesidad de una administración austera y de un recorte drástico del gasto público, los números internos de la Casa Rosada cuentan una historia diferente. La Secretaría General de la Presidencia, bajo la conducción de Karina Milei, más que duplicó en apenas un año la caja de gastos flexibles destinada a viáticos, servicios y bienes de consumo.
A través de la Resolución 35/2026, firmada por la propia secretaria general el 29 de enero, el denominado Fondo Rotatorio de su área quedó fijado en 1.135.112.226,90 millones de pesos. El salto es de proporciones cinematográficas: el año anterior, ese mismo fondo contaba con 471.581.570,04 millones de pesos.
Nombres de peso y tarjetas bajo la lupa
La estructura para ejecutar este multimillonario presupuesto se apoya en un ecosistema de 143 tarjetas oficiales: 140 plásticos de débito recargables y tres tarjetas corporativas de crédito. Según los listados oficiales obtenidos tras pedidos de acceso a la información pública, los usuarios no son solo empleados administrativos.
En la nómina figuran nombres de la primera línea política:
- Karina Milei: Posee una tarjeta corporativa recargable asignada a la Secretaría General Privada.
- Victoria Villarruel: La vicepresidenta aparece vinculada a dos tarjetas bajo los conceptos de "Viáticos y Eventuales" y "Anticipos".
- Eduardo “Lule” Menem: El subsecretario de Gestión Institucional figura con un plástico recargable y el rol de administrador de centro de costo.
- Santiago Oría: El director de Realización Audiovisual también cuenta con su propia tarjeta oficial.
El muro de la transparencia
Lo que convierte este aumento en un escándalo no es solo el monto, sino el hermetismo que lo rodea. A pesar de que el convenio con el Banco Nación permite consultar en línea cada consumo, identificar comercios y emitir reportes detallados, el Gobierno se ha negado sistemáticamente a entregar los resúmenes de cuenta.
El pedido de información reclamaba el detalle de proveedores, CUIT, rubros, facturas, tickets y la finalidad de cada gasto, pero Presidencia solo entregó una lista de nombres y terminaciones de tarjetas. Esta omisión ocurre a pesar de que el instructivo interno de la propia Casa Rosada exige que cada operación se documente mediante expedientes electrónicos (GDE) y comprobantes válidos.
Sumarios bajo siete llaves
La controversia suma un capítulo oscuro: la Dirección de Sumarios reconoció haber tramitado una investigación administrativa por el uso indebido o irregular de estas tarjetas. Aunque el informe final —emitido el 6 de abril— declaró que "no existió perjuicio fiscal", el Gobierno se negó a mostrar el expediente. No se sabe qué hechos se investigaron, qué funcionarios estuvieron involucrados ni qué montos se pusieron bajo sospecha.
La paradoja es total: mientras el Fondo Rotatorio se multiplica para superar los $1.135 millones, la trazabilidad de los fondos públicos se desvanece en un laberinto de negativas oficiales. La misma gestión que hizo del ajuste su bandera, hoy gestiona una caja millonaria cuya rendición de cuentas permanece bajo llave.