Mientras el Congreso de la Nación debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional, el intendente de Jáchal, Matías Espejo, dio un paso institucional en rechazo a la iniciativa. El jefe comunal envió al Concejo Deliberante un proyecto de declaración para que el cuerpo exprese formalmente su posición y solicite a los legisladores nacionales por San Juan que defiendan las facultades de las provincias.
La presentación fue registrada bajo el Expediente Nº 3075 – Letra I y propone que el Concejo Deliberante manifieste su preocupación por el alcance del proyecto nacional, al considerar que podría afectar el sistema federal, las autonomías provinciales y municipales y el dominio originario de los recursos naturales, principios establecidos por la Constitución Nacional.
Desde el Ejecutivo municipal sostuvieron que las modificaciones previstas sobre el régimen de tierras rurales, el sistema de expropiaciones y distintos institutos registrales podrían generar consecuencias jurídicas, económicas y territoriales que impacten en la planificación del desarrollo local y regional.
En ese sentido, remarcaron que Jáchal es uno de los principales departamentos productivos y mineros de San Juan, por lo que la administración de los recursos naturales y de la infraestructura estratégica requiere el pleno ejercicio de las competencias provinciales y la participación activa del municipio.
El proyecto de declaración también plantea que el Concejo exhorte a los legisladores nacionales por San Juan a defender las facultades constitucionales de las provincias, el principio federal y los intereses de las comunidades locales. Además, propone que el documento sea remitido a organismos provinciales, nacionales y municipales para su conocimiento y eventual adhesión.
Al fundamentar la iniciativa, Espejo señaló que la defensa del federalismo, de las competencias provinciales y del desarrollo estratégico del departamento constituye una responsabilidad institucional compartida. En ese marco, ratificó el compromiso del municipio con la protección de los recursos naturales, la autonomía local y la planificación territorial.
El proyecto nacional que motivó la reacción de Jáchal busca modificar la Ley 21.499 de Expropiaciones, vigente desde 1977. Entre los principales cambios, propone una definición más restrictiva del concepto de "utilidad pública", al establecer que la declaración deberá identificar de manera específica el fin perseguido y demostrar que la expropiación resulta idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo.
La iniciativa también introduce cambios en el régimen indemnizatorio. Además del valor del bien y los daños directos, incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, fija que el valor del inmueble deberá determinarse antes de la intervención estatal, prevé su actualización por inflación con una tasa de interés comercial y establece que el Estado solo podrá tomar posesión del bien una vez abonada la totalidad de la indemnización. Asimismo, dispone que esas indemnizaciones no tributen impuestos y otorga mayor peso al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
