A más de un año del fallo, la megacausa de expropiaciones dio un nuevo paso en el complejo camino judicial que inició tras el dictado de la sentencia con la conformación del tribunal que analizará los recursos de apelación presentados por las defensas. Sin embargo, no todo está dicho y el tribunal sorteado podría sufrir modificaciones.
La Sala quedó integrada por el camarista civil Ernesto Escobar, quien acompañará a sus pares Enrique De la Torre, también del fuero Civil, y Renato Roca, representante del fuero Penal. Ellos serían los encargados de revisar la sentencia dictada en uno de los expedientes de mayor impacto institucional de la justicia sanjuanina.
Pese a ello, los propios magistrados mantienen la posibilidad -y la obligación- de inhibirse si consideran que emitieron opinión previamente sobre el caso, tuvieron algún tipo de intervención o advierten alguna causal que comprometa su imparcialidad. De hecho, esa situación ya se produjo durante el proceso de integración de la sala. En la previa, habían resultado designados el camarista penal Víctor Muñoz Carpino y el camarista laboral Mariano Ibáñez, pero ambos resolvieron inhibirse de intervenir en la revisión del expediente.
Ahora será precisamente el nuevo tribunal el que deba analizar si esas inhibiciones fueron correctamente planteadas. Si consideran que existen fundamentos suficientes para apartarlos, las excusaciones serán aceptadas y la integración quedará conformada por Roca, De la Torre y Escobar. En cambio, si concluyen que no existían causales legales para apartarse, Muñoz Carpino e Ibáñez deberán intervenir en la causa.
Además, todavía resta otro paso procesal antes de que el tribunal pueda comenzar a analizar el fondo de los recursos. Las defensas, que tomaron conocimiento de la conformación de la sala a través de los medios de comunicación, deberán ser notificadas formalmente por la Justicia, acorde impone el sistema procesal.
Una vez cumplida la notificación fehaciente, se abrirá la posibilidad de que los abogados presenten recusaciones contra alguno de los magistrados, siempre que entiendan que existen causales previstas por la ley para cuestionar su imparcialidad o su intervención en el expediente.
Recién cuando se resuelvan las eventuales inhibiciones y recusaciones, el tribunal quedará definitivamente integrado y estará en condiciones de avanzar con el análisis de las apelaciones contra el fallo condenatorio dictado en la causa Expropiaciones, una de las investigaciones de mayor trascendencia judicial en la provincia.
La condena para Santiago Graffigna, Horacio Alday y compañía se dictaron el 4 de julio de 2025, en el cierre de un histórico juicio, por integrar una asociación ilícita para defraudar al Estado con expropiaciones irregulares, en la que participaban jueces, funcionarios del Ejecutivo y de diversas reparticiones del circuito de los expedientes de esta naturaleza. Por ello, el abogado señalado como cabecilla de la organización criminal recibió 7 años y 8 meses de prisión efectiva por fraude y estafa en 8 hechos, en concurso real; y tentativa de frade y estafa en 6 hechos; y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador.
