Mientras la Selección argentina avanza en su participación mundialista en territorio norteamericano, la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una situación crítica fuera de los estadios. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el FBI han puesto en marcha una investigación preliminar de gran escala para determinar si los movimientos financieros de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia configuran delitos de lavado de activos y fraude bancario a través del sistema financiero de ese país. La pesquisa, que involucra cifras que superan los 300 millones de dólares, busca reconstruir el circuito de fondos que la AFA habría canalizado mediante una estructura financiera con base en el estado de Florida.
El eje central de la investigación se sitúa en la firma TourProdEnter LLC, propiedad del empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, la cual fue designada por la gestión de Tapia como agente exclusivo para el cobro de contratos internacionales. Esta compañía habría administrado ingresos provenientes de patrocinadores de la talla de Adidas y Warner, movilizando el capital a través de cuentas en cinco entidades financieras: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Las autoridades han detectado un patrón de transferencias cruzadas y una velocidad inusual en el movimiento de los fondos, los cuales solían permanecer en las cuentas apenas unos días antes de ser redistribuidos hacia otros destinos.
Dentro de este flujo millonario, los investigadores han puesto la lupa sobre aproximadamente 57 millones de dólares que habrían sido distribuidos entre diversas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara. Parte de estos fondos estarían vinculados a empresas relacionadas con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y su entorno familiar, lo que ha ampliado el alcance de la causa hacia las responsabilidades individuales de los principales dirigentes. Asimismo, se detectaron transferencias hacia sociedades de escasa actividad conocida, como Soagu y Marmasch, que compartían domicilios y fueron disueltas poco después de que estas operaciones comenzaran a hacerse públicas.
La causa ha cobrado un impulso decisivo tras la declaración presencial del empresario Guillermo Tofoni, quien brindó testimonio ante agentes federales y fiscales especializados en delitos económicos en Miami. Tofoni, denunciante original del esquema, aportó documentación bancaria clave obtenida mediante procesos judiciales en Estados Unidos. A esto se suma la posibilidad de que otros excolaboradores, como Juan Pablo Beacon, se conviertan en "arrepentidos" bajo la legislación norteamericana, lo que ha generado preocupación en la dirigencia de la AFA debido a la severidad de las penas y los incentivos de colaboración que ofrece el sistema judicial estadounidense.
Por su parte, la defensa de la entidad, encabezada por el abogado Mariano Lizardo y el embajador de la AFA en EE.UU., Tomás Regalado, sostiene que se trata de una etapa preliminar de recolección de pruebas y que no existe una imputación formal hasta el momento. Durante un foro realizado en Miami, los representantes de la AFA cuestionaron la jurisdicción de la investigación, argumentando que cualquier controversia debería resolverse en los tribunales argentinos. Sin embargo, la intervención de fiscales federales de alto perfil como Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger sugiere que el Departamento de Justicia evalúa seriamente si el esquema financiero utilizado constituye un caso federal que deba avanzar hacia una instancia criminal formal.
