El Gobierno de San Juan dará un nuevo paso en el proceso de regularización dominial de viviendas y convocará durante la próxima semana a los municipios para abordar una problemática que alcanza a más de 10.000 casas adjudicadas que todavía no cuentan con escritura.
La reunión será encabezada por la Asesoría Letrada de Gobierno y estará destinada a los intendentes o a los representantes que cada municipio designe. El objetivo es poner en común las distintas situaciones que existen en cada departamento y coordinar herramientas jurídicas para avanzar con la entrega de los títulos de propiedad.
Según estiman desde la Provincia, cuando comenzó la actual gestión había alrededor de 12.000 viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que carecían de escritura. En el último año y medio, unas 2.000 lograron regularizar su situación, aunque todavía queda un importante universo de familias que habitan inmuebles sin tener el dominio registrado a su nombre.
La problemática no se limita únicamente a barrios construidos por el IPV. También alcanza a loteos municipales y emprendimientos habitacionales impulsados décadas atrás por uniones vecinales, fundaciones, gremios y otras entidades que, en muchos casos, dejaron de existir o presentan inconvenientes administrativos que dificultan la transferencia de los inmuebles.
Desde el Ejecutivo consideran que la falta de escrituras genera inseguridad jurídica para miles de familias y complica aún más los trámites cuando se producen sucesiones o cambios de titularidad, ya que los ocupantes no pueden acreditar plenamente el dominio de las viviendas.
Por esa razón, la Provincia busca involucrar a los municipios en la estrategia de regularización. La intención es identificar los casos pendientes en cada departamento y brindar asistencia técnica y legal para resolverlos mediante los distintos mecanismos previstos por la legislación vigente.
En paralelo, el Gobierno trabaja en una actualización del marco normativo que regula al IPV. En los próximos días enviará a la Cámara de Diputados un proyecto para modernizar la ley del organismo y adecuar las herramientas legales con las que se ejecuta la política habitacional, además de reglamentar aspectos que hasta el momento no contaban con una normativa específica.
La convocatoria a los municipios forma parte de esa estrategia integral con la que el Ejecutivo busca acelerar la escrituración de viviendas y resolver situaciones que, en algunos casos, llevan más de 30 y hasta 40 años sin una solución definitiva.