Según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, en su conferencia habitual de cada mañana, el gobierno Nacional tiene lista la reglamentación de la desregulación de las obras sociales.
domingo 22 de marzo 2026
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SUSCRIBITEHoy, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la desregulación de las obras sociales. ¿De qué manera afecta a los argentinos?
Cómo deberían devolver el dinero las prepagas, tras la disposición del Gobierno.
Según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, en su conferencia habitual de cada mañana, el gobierno Nacional tiene lista la reglamentación de la desregulación de las obras sociales.
La medida está incluida en el Decreto 70/2023, que tiene algunos de sus ítems suspendidos en la justicia (especialmente el capítulo laboral), pero que en su mayor parte sigue estando en vigencia.
Sectores del gobierno adelantaron que la medida es parte fundamental del plan de gobierno de Javier Milei.
La iniciativa impactará en 14 millones de trabajadores argentinos, divididos entre los que están en relación de dependencia en el sector público y privado, los sindicalizados, los monotributistas, las empleadas domésticas y los más de 5 millones de personas que pertenecen al llamado sistema general. El resto de los argentinos que no estén en estos grupos seguirán recibiendo la atención privada de salud de acuerdo a los contratos vigentes que hayan firmado con las empresas del rubro.
La desregulación prevé cambios sustanciales en el sistema de salud.
En primer lugar, los beneficiarios podrán elegir libremente si atenderse en obras sociales o en empresas de salud prepagas. Un punto interesante es que se elimina el año obligatorio en que un trabajador debía permanecer afiliado a la obra social del gremio que lo representa, al ingresar a un trabajo.
La elección de la obra social o la medicina privada será por parte del trabajador, sin que medien intermediarios.
El trabajador podrá elegir una nueva obra social o prepaga una vez al año.
Las empresas de medicina privada están obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben (aproximadamente un 20%).
En cuanto a los costos, el gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud no fijará precios de cuotas y prestaciones.
Si una empresa u obra social quiebra, el Estado no transferirá a otra el padrón de beneficiarios, que podrán elegir libremente a otro actor del sistema.