El escenario judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo de tensión. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó este martes que la Corte Suprema de Justicia debería anular el fallo que le permitió a la ex mandataria volver a cobrar, de forma provisoria, la pensión vitalicia como viuda de Néstor Kirchner.
En un escrito de 13 páginas, Casal calificó de "contradicción jurídica insalvable" la decisión previa de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El eje del cuestionamiento radica en que, mientras los jueces de dicha Cámara reconocieron que corresponde al juez de ejecución penal determinar los alcances de la condena en la causa Vialidad, igualmente dictaron una medida cautelar para devolverle el beneficio, ignorando los efectos de la inhabilitación absoluta.
El peso del Código Penal
El dictamen de Casal pone el foco en el artículo 19 del Código Penal. Según esta norma, toda condena a prisión superior a tres años conlleva una inhabilitación que implica la suspensión del goce de cualquier jubilación, pensión o retiro. Para el procurador, la Cámara omitió analizar este aspecto central planteado por el Estado, privilegiando solo el "carácter alimentario" de la prestación sin fundamentos suficientes.
Conflicto de poderes y antecedentes
La controversia se originó en noviembre de 2024, cuando la ANSES dio de baja las asignaciones especiales de la ex presidenta tras confirmarse su condena por delitos de corrupción. El Gobierno sostiene que tales beneficios son incompatibles con una sentencia firme por administración fraudulenta.
Casal advirtió que el fallo a favor de Kirchner genera un "grave conflicto institucional" al invadir competencias de otros magistrados y desconocer la autoridad de la cosa juzgada. Ahora, la decisión final queda en manos del máximo tribunal, que no solo definirá la situación de la ex mandataria, sino que sentará un precedente clave sobre los límites de las medidas cautelares frente a sentencias penales firmes y la percepción de privilegios estatales por parte de ex funcionarios condenados.