En el mes de junio, el costo de la energía para las grandes industrias argentinas alcanzó un récord histórico de USD 189 por MWh, la cifra más alta registrada desde que se inició la serie estadística en 1996. Este incremento, que supera incluso los picos vividos durante la crisis global de 2022 por la guerra en Ucrania, es consecuencia directa del actual proceso de desregulación del mercado energético y de una serie de decisiones políticas que han impactado de lleno en el sector manufacturero.
El experimento de la desregulación y sus costos
La escalada de precios tiene su origen en el intento del Gobierno de desplazar a las empresas estatales Enarsa y Cammesa de la importación de Gas Natural Licuado (GNL), buscando que operadores privados asumieran esa tarea. Sin embargo, esta iniciativa chocó con la realidad del mercado internacional: las ofertas privadas para abastecer el invierno rondaban los USD 1.200 millones, prácticamente el doble de los costos históricos de las estatales.
Ante el riesgo de desabastecimiento masivo, el Gobierno intervino parcialmente en la licitación, pero decidió trasladar el mayor costo de las importaciones directamente a los grandes usuarios industriales, quienes compran energía sin subsidios. Esto resultó en un salto del 47% en los precios para evitar cortes, obligando a las fábricas a pagar valores internacionales justo en los meses de mayor demanda.
La paradoja de Vaca Muerta
La situación argentina presenta una contradicción notable: el país atraviesa un récord de producción en Vaca Muerta, pero carece de la infraestructura necesaria para aprovecharla plenamente. La demora en obras clave, como la reversión del Gasoducto Norte, obliga a sustituir el gas local barato por importaciones costosas. Según diagnósticos empresarios, la industria está consumiendo energía valuada como si el país no tuviera producción propia, lo que constituye un "paredón" para la planificación productiva.
Impacto inmediato en la producción
Las consecuencias de este encarecimiento extraordinario no se han hecho esperar. Más de 500 empresas optaron por reducir o detener sus líneas de producción antes que enfrentar facturas que se han vuelto "aplastantes". Sectores específicos, como la industria aceitera, han denunciado sobrecostos de USD 1,66 por millón de BTU y una falta de transparencia en los pliegos de adquisición de gas.
A pesar de las críticas del sector privado, la secretaria de Energía, María Tettamanti, ha minimizado el impacto, afirmando que las dificultades de la transición económica no son responsabilidad exclusiva del costo energético. No obstante, el sector industrial advierte que, sin una mejora en la infraestructura y una gestión más eficiente de los costos, el futuro del empleo y la producción nacional seguirá siendo incierto.
