Un fuerte -y quizás inédito- chispazo se produjo entre los fiscales y un sector de los jueces de Garantías sanjuaninos, luego de que el Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS) emitiera un severo comunicado en el que denuncia prácticas que exponen a denunciantes y damnificados a situaciones de vulnerabilidad y "revictimización institucional".
El detonante del conflicto es una práctica que, según el organismo, se viene registrando con una "creciente frecuencia" en el ámbito de las audiencias penales. Específicamente, se acusa a determinados jueces de incurrir en un exceso de rigor formal al exigir la presencia física de las víctimas en los tribunales para convalidar soluciones alternativas de conflictos (como suspensiones de juicio a prueba o mediaciones), aun cuando estas ya han manifestado su consentimiento de manera libre, voluntaria y por escrito ante el Ministerio Público Fiscal.
Desde el CONFIAS plantaron una bandera tajante en defensa de la legalidad procesal, recordando que "la única fuente del derecho procesal es la ley" y que ningún magistrado tiene la atribución de crear, por vía pretoriana, requisitos que los legisladores no establecieron en el ordenamiento jurídico provincial (como la Ley 1851-O).
Para el consejo de fiscales, obligar a una persona afectada por un delito a comparecer presencialmente ante quien le causó el daño, sin que ninguna norma lo imponga, constituye una contradicción directa al mandato de trato digno a las víctimas de delitos. "Es revictimización institucional; es exponer nuevamente a las personas a situaciones de total vulnerabilidad", sostiene una parte del escrito emitido por la institución.
El comunicado no solo funciona como un llamado de atención hacia el proceder de los jueces de garantías, sino también como un fuerte blindaje político e institucional para los fiscales de instrucción. En el tramo final del documento, el CONFIAS ratificó su respaldo absoluto a la actuación del Ministerio Público Fiscal en cada oportunidad en que sus integrantes se han resistido a acatar estas exigencias "extranormativas".
Por ahora, desde el sector de los magistrados señalados no ha habido una respuesta oficial, pero el cruce ya abrió una grieta profunda en el sistema penal sanjuanino, poniendo en el centro del debate público dónde termina la formalidad del proceso y dónde empieza el avasallamiento de los derechos de quienes ya sufrieron las consecuencias de un delito.