Por estos días, el Colegio de Psicólogos de San Juan es noticia por la sorpresiva renuncia de toda su cúpula directiva, encabezada por la licenciada Melisa Rodríguez. Las autoridades dejarán sus cargos el próximo 30 de junio y atribuyeron la decisión a que, "luego de una profunda reflexión y ante las circunstancias institucionales que han dificultado el normal ejercicio de sus funciones", consideraron necesario dar un paso al costado. Mientras trascendieron versiones que vinculan la salida masiva con cuestionamientos por una presunta mala administración, Tiempo de San Juan pudo saber que, durante 2025, la institución resolvió dejar de estar bajo la supervisión de Personería Jurídica, un mecanismo de control que había solicitado voluntariamente años atrás y cuya ausencia, según distintas fuentes, habría contribuido a profundizar las dificultades internas.
El quid de la cuestión es que el Colegio de Psicólogos fue creado mediante una ley en 1985, actualmente denominada 303-A. Esta normativa plantea que se trata de una “persona con derecho público”, cuya máxima autoridad es la Asamblea, lo cual le brinda capacidad para obligarse pública y privadamente. Puede funcionar de manera autónoma, lo que significa que no es obligatorio que su organismo de contralor sea Personería Jurídica.
Sin embargo, muchas instituciones de esta índole deciden solicitar el control de Personería, ya que esto “les facilita” el trabajo administrativo y funciona como una guía. El Colegio de Psicólogos decidió tomar este camino, además de, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros.
Según indicaron fuentes calificadas, el año pasado la institución decidió prescindir del contralor del organismo dependiente del Ministerio de Gobierno de San Juan. Esta decisión habría agravado las irregularidades administrativas que atravesaba el Colegio.
Es que, conforme pudo conocer este medio que, tiempo atrás, algunos matriculados empezaron a investigar presuntas irregularidades por parte de la Junta Directiva. En este, marco, la Revisora de Cuentas pidió explicaciones por una serie de inconsistencias tanto administrativas como financieras, entre ellas la falta de documentación de determinados períodos, pagos sin la correspondiente facturación, posibles conflictos de interés, una reducción en la frecuencia de las reuniones institucionales y lo que consideraron una obstrucción a su tarea de fiscalización.
En este marco, la Junta Directiva respondió y dio explicaciones sobre los pedidos puntuales. En En un extenso escrito, las autoridades rechazaron las acusaciones y sostienen que el informe de control contiene "interpretaciones subjetivas", además de una visión "sesgada" y "tendenciosa" sobre la gestión. La respuesta aborda cuestionamientos vinculados a un supuesto faltante de $1,6 millones, inversiones financieras, pagos de obras sin factura, gastos de combustible, el aumento de la carga horaria de Tesorería, la relación con la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) y el envío de cartas notariales a integrantes del órgano de control.
Sobre Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), uno de los puntos más delicados de las supuestas irregularidades, rechazaron que el Colegio haya sido desafederado. En cambio, aseguraron que solo dejaron de pagar con el objetivo de priorizar gastos locales, y que nunca dejaron de participar de la vida institucional de la federación.
Qué pasa ahora
Por lo pronto, el próximo 22 de junio habrá Asamblea, donde se decidirá el futuro político del Colegio, ya que se trata de una renuncia masiva sin precedentes. Sin embargo, fuentes calificadas explicaron que la Justicia podría tomar intervención en caso de que no se resuelva oportunamente la situación.