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SUSCRIBITE Frente a la posibilidad de que la oposición frene el Congreso si el oficialismo avanza con el pedido de juicio político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el oficialismo tendría en sus manos un DNU para reformar el Máximo Tribunal y ampliarlo a 25 miembros. A sí lo informó Infobae, que sostuvo que el borrador sería aprobado por Alberto Fernández.
En los últimos días los alfiles de Cristina Kirchner, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich y el senador nacional Oscar Parrilli, fueron los que le pusieron voz al reclamo del sector más duro del Frente de Todos para que el Presidente rompa el bloqueo parlamentario de Juntos por el Cambio con la firma de un decreto que busca erosionar y condicionar la autonomía de la Corte.
El borrador del DNU del proyecto de reforma del Máximo Tribunal que promueve el oficialismo como plan alternativo ante un traspié en el Congreso. Dos gobernadores del norte confirmaron en estricto off the record a este medio que lo recibieron y que es lo que está analizando el Gobierno.
El borrador fue propuesto por el senador bonaerense del Frente de Todos y ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, quien en las últimas horas publicó en su cuenta de Twitter que “para evitar la proscripción definitiva de Cristina es imprescindible pensar en candidaturas que ofrezcan las mejores propuestas para ganar las elecciones y, entre otras cosas, llevar adelante una moderna, seria, profunda y democrática reforma judicial”.
El texto apunta a modificar el artículo 21° del decreto ley 1.285 para ampliar a 25 miembros la Corte Suprema. Cada gobernador y el jefe de gobierno de la Ciudad elevará al Presidente una dupla garantizando la paridad de género. El mandatario será el encargado de seleccionar a uno de los dos candidatos propuestos que luego deberán contar con el acuerdo del Senado. Considerando que el número es impar, en el documento se aclaró que el Jefe de Estado “deberá garantizar la máxima paridad de género posible”. De no alcanzar el visto bueno de la Cámara Alta, se deberá solicitar una nueva dupla.
Si bien el borrador da un plazo de 30 días hábiles -una vez oficializada la normativa- para que las Provincias y la Ciudad presenten a sus duplas de jueces, el kirchnerismo busca acelerar, que Alberto Fernández firme el DNU para presionar a los gobernadores a elevar a sus designados de forma inmediata. Ven en este artículo un artilugio para operar sobre los legisladores a tratar la iniciativa en el Congreso.
En caso de que gobernadores o el alcalde porteño no presente sus dupla en el plazo establecido, el mandatario -que propondrá a uno de los 25 miembros- también elegirá a los candidatos de esos distritos.
El propio kirchnerismo reconoce que este artículo se puede declarar inconstitucional ya que la Constitución establece que es el Presidente quien nombra a los magistrados de la Corte con el acuerdo del Senado. Sin embargo, en el borrador del DNU, el oficialismo se excusa sosteniendo que como el Jefe de Estado seguirá siendo quien designe a los postulados por los gobernadores para pasar al acuerdo de la Cámara Alta, considera que el único que podrían plantear la inconstitucionalidad es el propio Presidente.
En el documento se incluyó una cláusula transitoria que incluye a los actuales miembros del Máximo Tribunal. Al considerarse a Juan Carlos Maqueda oriundo de Córdoba; a Carlos Rosenkrantz de la Ciudad de Buenos Aires; y a Horacio Rosatti de Santa Fe, dichas provincias no podrán proponer duplas de candidatos hasta que se genere la vacante en cada una de ellas (a Ricardo Lorenzetti se lo considera designado por el Presidente de la Nación). Por lo tanto, en una primera etapa solo 21 gobernadores podrán proponer jueces. ¿El argumento que utilizó el kirchnerismo en este punto?: “Tener una Corte Federal”.
El oficialismo también busca la modificación del artículo 10 del decreto ley 1.285 mediante el cual los ministros del Máximo Tribunal ejercerán sus funciones desde la jurisdicción en la que fueron designados. Y los empleados de su vocalía también deberán estar radicados en dicha jurisdicción. Los candidatos propuestos por la Ciudad y por el Poder Ejecutivo, ejercerán sus funciones en CABA.
Fuente: Infobae
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