La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha sumado un capítulo que complica seriamente su situación judicial. El foco de la Justicia se posa ahora sobre una operación comercial de "ropa blanca" de altísima gama, que habría sido facturada a nombre de una empleada pública para ocultar, presuntamente, al verdadero destinatario.
El hallazgo en el iPhone del contratista
La nueva pista surgió de las pericias realizadas sobre el celular de Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en la propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En el dispositivo se halló una factura por $8.183.303 emitida por la firma Rosen The Store.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que el documento, con fecha del 2 de junio de 2025, no está a nombre del funcionario, sino de Gisela Kocsis, quien en ese momento se desempeñaba como secretaria privada en la vocería encabezada por Adorni. Kocsis es una empleada de la administración pública que cumple funciones desde 2011, pero que en 2025 formaba parte del círculo de confianza del actual jefe de Gabinete.
Lujo extremo y "comisiones" sospechosas
La compra se realizó en una de las tiendas más exclusivas del rubro, conocida por proveer sábanas a las suites presidenciales de hoteles de lujo. Los productos adquiridos incluyen líneas premium de 400 y 600 hilos de satén o algodón egipcio.
El propio contratista, Matías Tabar, reconoció ante la Justicia que su relación con Adorni excedía la construcción. Tabar confesó actuar como un intermediario o gestor para las compras y contrataciones de las propiedades del funcionario, percibiendo una comisión por cada gestión realizada.
Las medidas de la Justicia
El juez federal Ariel Lijo ha ordenado a la empresa Rosen que entregue en un plazo de 72 horas toda la documentación relacionada con la venta. La Justicia busca determinar:
- Quién efectuó el pago y con qué medio.
- El domicilio real de entrega de la mercadería.
- Si el nombre de Kocsis fue utilizado como un "pantalla" para registrar una operación cuyo beneficiario final era Adorni.
Un frente judicial cada vez más amplio
Este escándalo se suma a otras líneas de investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita. Entre ellas, se destaca un pago de 55 millones de pesos recibido por la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, de parte de una empresa que compite por el manejo de Tecnópolis.
Además, Pollicita ha solicitado informes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para rastrear los movimientos financieros de Adorni desde 2012, un año antes de que el funcionario comenzara a operar con criptomonedas. El fiscal intenta verificar la veracidad de la declaración del jefe de Gabinete, quien asegura haber invertido 200.000 dólares en Bitcoin en los inicios del mercado.
Mientras Adorni atribuye estas causas a su cercanía política con el presidente, la justicia reconstruye un circuito de pagos y refacciones que parecen no coincidir con los ingresos declarados por el funcionario.