El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sellaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a aliviar la crisis de funcionamiento de las universidades públicas. Tras semanas de intensas negociaciones y protestas, el entendimiento garantiza fondos operativos y una actualización salarial para el personal docente y no docente.
El núcleo de la propuesta económica consiste en un aumento salarial del 24,33% que se pagará en dos tramos: un ajuste del 21,33% en julio (o junio, según el impacto en el medio aguinaldo) y un 3% adicional en octubre. Esta recomposición busca cubrir deudas pendientes de 2024 y 2025, además de compensar las pérdidas proyectadas hasta mayo de 2026. Asimismo, el oficialismo asumió el compromiso de evitar que los haberes universitarios pierdan frente a la inflación durante el transcurso del próximo año.
Más allá de los salarios, el pacto incluye otros ejes fundamentales para las casas de estudio. Se acordó un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y el desembolso de $50.000 millones destinados a hospitales universitarios, un punto especialmente reclamado por la Universidad de Buenos Aires. También se abordó la situación del personal en colegios preuniversitarios, quienes se han visto afectados por la quita del FONID.
Sin embargo, este alivio financiero no significa el fin del conflicto político. Los rectores fueron enfáticos al advertir que "no retirarán la demanda judicial" que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia. El litigio gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual el Ejecutivo considera "ilegal" por no especificar la fuente de los recursos, motivo por el cual mantiene suspendida su aplicación mediante un recurso extraordinario.
Desde el sector sindical, las reacciones son mixtas. Mientras que la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) calificó el acuerdo como un "avance importante" tras años de lucha y marchas federales, otros sectores como Conadu mantienen la desconfianza, calificando al Gobierno como un "interlocutor escurridizo" y señalando que aún queda camino para una recuperación integral del salario. Por su parte, el oficialismo interpreta el acuerdo como un triunfo político al haber logrado "torcerle el brazo" a la postura de los rectores mientras se mantienen las metas de equilibrio en las cuentas públicas.
A pesar de la firma, la comunidad universitaria permanece en estado de alerta. En los últimos días, se han registrado clases públicas frente al Palacio de Justicia y tomas en colegios como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, reflejando que la tensión persistirá hasta que la Corte Suprema emita una definición final sobre el financiamiento del sistema.