Luego de que la jueza de Garantías le concediera a la fiscalía otros 90 días de plazo para la investigación preliminar en la causa del Acueducto Gran Tulum, la defensa de dos posibles imputados recibió un duro revés pues la misma magistrada le rechazó los planteos que hizo.
Según informaron fuentes judiciales, el argumento de la jueza Mónica Lucero para la desestimación fue que el abogado que representa a Sergio Ruíz y Guillermo Sirerol, Nasser Uzair, no se encuentra legitimado para participar en esta etapa del proceso, puesto que no hay personas imputadas hasta el momento.
Sin embargo, las fuentes señalaron que ese mismo criterio no fue adoptado por la autoridad días atrás, cuando suspendió una audiencia y dictó un cuarto intermedio por la ausencia del defensor, que se presentó de forma espontánea en la causa que todavía no se formaliza. El abogado, que habría sido notificado erróneamente, volvió a ser citado y la audiencia prosiguió.
En ese sentido, señalaron que incurrió en una contradicción, ya que por un lado, dijo que no tenía legitimación y por el otro, lo tuvo en cuenta y como parte del proceso cuando ordenó que se lo notificara del proceso.
Tras la concesión de la prórroga, Uzair solicitó que lo informaran sobre las medidas que se están llevando a cabo y que den curso a las pruebas que habrían ofrecido. Lo hizo fundado en los artículos 122 y el 339 del Código Procesal Penal, aunque mencionó garantías constitucionales más amplias como la Constitución Nacional y la protección del derecho de defensa.
Por el momento, el fiscal Sebastián Gómez, secundado por Francisco Pizarro, indagan sobre la contratación de la obra del Acueducto Gran Tulum y la ejecución de la misma. Se estima que la investigación avanzará conforme la recolección de las pruebas y, en caso de encontrar elementos de prueba, el Ministerio Público formalizaría contra los sospechosos, entre otras figuras.
Las presuntas irregularidades en la obra salpicaban -a priori- al primo del ex gobernador Sergio Uñac, Gustavo Monti, quien falleció en febrero de este año. Pese a su trágico desenlace, el proceso penal no se detuvo y, por ende, se intentará establecer si hubo responsabilidades en otros actores que participaron de la contratación y ejecución, acorde lo puso en manifiesto la denuncia.
La denuncia advierte que podrían configurarse, en grado de hipótesis investigativa, los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 265 y 248 del Código Penal Argentino.