El último 10 de junio, la Justicia condenó a un sanjuanino a la pena de 3 años de prisión condicional tras comprobarse que agredió, amenazó con un arma y abusó sexualmente de su pareja, una empleada judicial.
Sin embargo, el calvario de la mujer no terminó con el ataque de su agresor (caso ocurrido el lunes pasado), sino que continuó con la llegada de la Policía, protagonizando un episodio que marca un grave precedente sobre la falta de perspectiva de género.
El horror a puertas cerradas
Los hechos que derivaron en la condena se desarrollaron en un contexto de extrema tensión y sometimiento. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal -quienes mantuvieron estricta reserva sobre ciertos detalles para preservar la identidad de la víctima-, el episodio se desencadenó cuando la pareja se encontraba a solas y comenzó una acalorada discusión.
En ese marco, el nivel de violencia escaló drásticamente. El agresor comenzó a exigirle a la mujer que realizara una acción determinada y, ante la firme negativa de ella, la sometió a una coacción brutal: le apuntó con un arma de fuego de utilería, que por sus características era una réplica exacta a una real, generando terror en la víctima.
El sometimiento no terminó allí. Posteriormente, el hombre consumó un abuso sexual que le provocó diversas lesiones físicas a la mujer (heridas que, en términos legales, quedaron subsumidas dentro del delito contra la integridad sexual).
El agresor, que se encontraba en calidad de arrestado al momento de constatarse el hecho de violencia, fue formalmente detenido por orden de la fiscal Florencia Pons Belmonte de UFI CAVIG, requerimiento que fue avalado por el juez de turno, Gerardo Javier Fernández Caussi.
Días después, el 10 de junio, se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización. En esa instancia, la fiscalía y la abogada defensora del acusado, Ana María Arias, presentaron un acuerdo de juicio abreviado. El juez Fernández Caussi homologó el pacto y condenó al sujeto por los delitos de coacción agravada por el uso de arma y abuso sexual simple.
La doble victimización: atacada por su pareja, criminalizada por la Policía
Si el ataque puertas adentro fue devastador, el accionar del Estado al momento del rescate sumó otro capítulo. El hecho principal tomó estado público cuando, un lunes por la mañana, uniformados llegaron a un domicilio ubicado en calle Mitre, en la Capital sanjuanina, alertados por un llamado de auxilio de la hermana de la víctima.
Lo que debía ser un operativo de contención y resguardo a una mujer que acababa de sobrevivir a un ataque sexual y a amenazas con un arma, se transformó en un episodio de revictimización institucional.
La versión policial: los efectivos señalaron que la mujer se encontraba "fuera de sí" y que, al intentar intervenir, los golpeó. Por esta reacción, decidieron radicar una denuncia contra la víctima por lesiones, daño y desobediencia a la autoridad, dándole intervención al sistema de Flagrancia.
La realidad del trauma: fuentes judiciales y allegadas al caso relataron una historia diametralmente opuesta, marcada por una absoluta falta de perspectiva de género. La mujer, que presentaba lesiones visibles producto de la golpiza y el abuso de su pareja, se encontraba en un profundo estado de shock emocional. En lugar de recibir asistencia psicológica y médica, fue tratada como una delincuente y terminó esposada por los agentes que debían rescatarla.