Lo que comenzó como un sumario administrativo en la Subsecretaría de Control de Gestión, para determinar el paradero de 150 computadoras adquiridas para la Policía de San Juan, terminó convirtiéndose en una investigación penal por un presunto fraude al Estado por $90 millones. La historia que comenzó tres años atrás ahora se dirime en la Justicia y para la UFI de Delitos Especiales existen elementos de prueba que sostienen las sospechas.
Esta es la secuencia de hechos que explica cómo una investigación interna, iniciada por la nueva Jefatura e impulsada por un ex jefe condenado por peculado, Oscar Vanetti, derivó en una causa que por el momento tiene cinco imputados y el paradero de los equipos con un destino incierto.
Enero de 2023
Se inicia el proceso de compra del equipamiento. El entonces jefe de la Policía, Luis Walter Martínez, solicita a la Secretaría de Seguridad la adquisición de equipamiento informático para modernizar distintas dependencias policiales.
5 de mayo de 2023
El Gobierno adjudica la compra. Mediante decreto provincial se aprueba la contratación de la firma CSH, propiedad de María de Lourdes Quiroga Coll, para la provisión de 150 computadoras, 20 impresoras y tablets por un monto cercano a 90 millones de pesos.
21 de junio de 2023
Se confecciona la documentación que luego será cuestionada. Se emiten la factura y el remito por la totalidad de la compra. Según la investigación fiscal, los policías Jorge Santoni, Juan José Valverde y Juan José González firman el acta de recepción de los equipos, mientras que el ingeniero Enzo Fava confecciona el inventario. Con esa documentación el Estado realiza los pagos, aunque los equipos nunca ingresan a las dependencias policiales.
Febrero de 2024
La nueva conducción policial detecta irregularidades. Tras el cambio de gobierno, el nuevo jefe de Policía, Eduardo Lirola (que asumió en diciembre de 2023), ordena un expediente administrativo interno para determinar dónde se encontraban los equipos adquiridos. Ese relevamiento no logra localizar las computadoras y marca el inicio de la investigación administrativa sobre el caso.
23 de abril de 2024
Oscar Vanetti presenta la denuncia administrativa. El ex tesorero de la Policía, Oscar Vanetti, condenado por desvíos de las arcas de la Policía, presenta una denuncia ante la Subsecretaría de Control de Gestión, acompañada de documentación, en la que sostiene que se destinaron fondos nacionales para comprar las computadoras, pero que éstas nunca llegaron a la fuerza. La presentación apunta, entre otros, contra el ex jefe policial Luis Walter Martínez y autoridades del Departamento de Administración.
13 de junio de 2024
El caso toma estado público. Tiempo de San Juan revela la existencia de la denuncia de Vanetti y las sospechas sobre un posible perjuicio millonario a la Administración Pública. También se conoce que la nueva conducción policial trasladó a todo el personal que trabajaba en Tesorería durante la gestión anterior.
Segundo semestre de 2024
El sumario administrativo avanza y aparecen sospechas concretas. La Subsecretaría de Control de Gestión reúne elementos suficientes para concluir que existían presuntas irregularidades. El legajo administrativo termina convirtiéndose en la principal prueba para impulsar una investigación penal.
Octubre de 2024
La investigación pasa al ámbito judicial. Tras una presentación realizada por el ex jefe de Policía Luis Walter Martínez, quien se puso a disposición de la Justicia, la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, inicia actuaciones preliminares. El fiscal entiende que podrían haberse malversado fondos nacionales y solicita que la causa pase a la Justicia Federal.
Febrero de 2025
Vanetti pide frenar ascensos policiales. Mientras continúa el sumario administrativo, el ex tesorero solicita que los policías alcanzados por las sospechas no sean promovidos hasta que se esclarezca la investigación. Además reclama información sobre el estado del expediente iniciado en abril de 2024.
4 de julio de 2025
La proveedora rompe el silencio. La empresaria María de Lourdes Quiroga Coll se presenta espontáneamente ante la fiscalía e informa dónde se encuentran las computadoras. Revela que permanecían guardadas en un depósito de la empresa Electro 3, en Capital.
1 de agosto de 2025
Allanamiento y secuestro del equipamiento. Por orden judicial se realiza un operativo en el galpón señalado por la empresaria. Allí se secuestran las 150 computadoras, además de impresoras y tablets, que nunca habían sido retiradas del depósito.
Agosto de 2025
Las pericias agravan la situación. Los expertos informáticos concluyen que las computadoras secuestradas no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas por el Estado. Entre otras diferencias, presentan menor capacidad de memoria RAM y licencias del sistema operativo instaladas poco antes del allanamiento.
13 de mayo de 2026
La Corte define la competencia. Tras una disputa entre fueros, la Corte de Justicia de San Juan resuelve que la investigación debe continuar en la Justicia provincial, descartando el pase definitivo a la Justicia Federal. La causa queda radicada en la UFI Delitos Especiales N°4.
3 de julio de 2026
Formalizan la investigación penal y aparecen los primeros imputados. El fiscal Roberto Ginsberg formaliza la causa por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Quedan imputados María de Lourdes Quiroga Coll, proveedora del Estado; Enzo Ariel Fava, ingeniero informático; Jorge Eduardo Santoni, comisario mayor retirado; Juan José Valverde, comisario; y Juan José González, comisario. La fiscalía sostiene que se montó una maniobra documental para justificar el pago de los 90 millones de pesos sin que los equipos fueran entregados a la Policía.
Julio de 2026
Surge una nueva línea de investigación. Las pericias sobre las impresoras secuestradas revelan documentación perteneciente al Ministerio de Educación, lo que hace sospechar que parte del equipamiento no era nuevo y ya había sido utilizado por otra dependencia estatal.
En paralelo, la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública anuncia la apertura de un nuevo sumario administrativo para analizar la conducta de los comisarios Juan José González y Juan José Valverde, quienes continúan en funciones mientras avanza la causa penal.