A días de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reabriera la discusión sobre la condena impuesta al femicida Miguel Ángel Morales, la familia de Talía Recabarren dio un nuevo paso judicial para participar activamente del proceso. Anabela Recabarren, madre de la joven asesinada hace una década, presentó un pedido formal ante la Sala Penal de la Corte de Justicia de San Juan para ser reconocida como víctima con intervención plena y dejó planteada la reserva para constituirse en querellante cuando tenga acceso al expediente.
La presentación fue realizada con el patrocinio de las abogadas Rosa Sánchez Salmuni y Sol Morfil, acompañadas por Gustavo Sánchez, y apunta a que la madre de la víctima pueda ejercer todos los derechos que la legislación reconoce a quienes sufrieron las consecuencias directas de un delito de extrema gravedad. La solicitud se produce en un momento determinante de la causa, ya que un nuevo tribunal deberá revisar el fallo que elevó de 10 a 16 años de prisión la condena contra Morales.
En el escrito, la madre de Talía solicita ser incorporada al proceso con todas las facultades procesales previstas por la ley, entre ellas ofrecer pruebas, controlar el desarrollo del expediente, formular recursos, ser oída antes de resoluciones relevantes y recibir notificación de todas las actuaciones y audiencias que se celebren durante la revisión ordenada por la Corte Suprema.
Las representantes legales sostienen que la participación de Anabela Recabarren no constituye una concesión excepcional, sino el ejercicio de un derecho humano reconocido por la legislación argentina y por los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. En ese sentido, remarcan que la muerte violenta de una hija representa una de las afectaciones más graves que puede sufrir una persona y que esa circunstancia le otorga una legitimación reforzada para intervenir activamente en el proceso penal.
Uno de los ejes centrales del planteo es el derecho de acceso a la justicia y a la verdad. Las abogadas argumentan que la madre de la víctima tiene derecho a conocer el desarrollo del proceso, controlar su legalidad y procurar el esclarecimiento integral de los hechos, especialmente cuando se encuentra en juego la revisión de una condena por un femicidio que marcó un precedente en San Juan.
Para sostener ese pedido, la presentación invoca la Ley Nacional 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que reconoce a los familiares de una víctima fallecida el derecho a intervenir en todas las etapas del proceso penal. También cita el artículo 110 del Código Procesal Penal de San Juan (Ley 754-O), el artículo 18 de la Constitución Nacional y un amplio marco de tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Entre ellos figuran la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Las letradas también ponen el acento en que la revisión de la condena debe realizarse con perspectiva de género y bajo los estándares de debida diligencia reforzada que exigen los organismos internacionales para investigar y sancionar casos de violencia extrema contra las mujeres. En esa línea, sostienen que la gravedad institucional y humana del femicidio impone al Estado el deber de garantizar una tutela judicial efectiva para la familia de la víctima.
Asimismo, aclaran que la intención de la querella no es sustituir el rol constitucional del Ministerio Público Fiscal, sino colaborar con la investigación, impulsar medidas probatorias cuando corresponda y controlar la regularidad del procedimiento durante la nueva revisión judicial.
El pedido de la madre de Talía se conoce luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara revisar la sentencia que elevó la condena de Miguel Ángel Morales de 10 a 16 años de prisión.
Morales fue condenado en primera instancia en abril de 2019 por el entonces juez de Menores Jorge Toro a diez años de cárcel por el homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La fiscal Gladys Capdevila apeló ese fallo por considerar que la pena resultaba insuficiente frente a la gravedad del crimen y, meses después, la Sala Segunda de la Corte de Justicia de San Juan agravó la condena hasta los 16 años al entender que la sentencia original era "arbitraria, irrazonable y desproporcionada".
La defensa oficial volvió a impugnar esa decisión y llevó el caso hasta la Corte Suprema de la Nación. Siete años después, el máximo tribunal hizo lugar al planteo por entender que debía garantizarse el derecho al doble conforme respecto del fallo que aumentó la pena, por lo que ordenó que otro tribunal provincial revise esa resolución.