La Justicia de San Juan condenó este jueves a Gabriel Alexander Sánchez Díaz a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de distribución de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas, previsto en el artículo 128 del Código Penal. La resolución fue dictada durante una audiencia de juicio abreviado y homologada por el juez Federico Rodríguez.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Informáticos y Estafas, dirigida por el fiscal Pablo Martín, con la intervención del ayudante fiscal Federico Pereyra y del colaborador Federico Martínez.
De acuerdo con fuentes judiciales, la causa comenzó tras la recepción de un reporte emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo que trabaja en la detección y denuncia de delitos vinculados con la explotación sexual infantil. La información llegó a través de los mecanismos de cooperación internacional utilizados para la persecución de delitos informáticos.
A partir de ese aviso, los investigadores llevaron adelante distintas medidas para identificar al responsable. En ese marco, reunieron evidencia digital y solicitaron órdenes judiciales para realizar allanamientos y secuestrar dispositivos electrónicos que luego fueron incorporados a la causa como prueba.
Con los elementos obtenidos durante la investigación, el Ministerio Público y la defensa alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado, que fue presentado ante la Justicia y finalmente homologado por el magistrado.
Las condiciones que deberá cumplir el condenado
Además de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, Sánchez Díaz deberá cumplir durante el mismo período una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia. Entre ellas figuran la obligación de fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar un tratamiento psicológico orientado al control de impulsos, al respeto por la integridad sexual y a la responsabilidad penal.
Por otra parte, el juez también dispuso la sanitización de los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación antes de que sean restituidos, conforme a lo solicitado en el proceso judicial.