La Justicia de San Juan condenó a una mujer de 30 años por cometer seis estafas a través de redes sociales, donde ofrecía garrafas de gas que nunca entregaba a los compradores. La imputada admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
La investigación fue llevada adelante por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, con la intervención de los fiscales Pablo Francisco Martín Fernández y Federico Pablo Pereyra Guerra. El acuerdo fue homologado por el juez Mario Guillermo Adárvez Camacho.
Según la causa, entre abril y septiembre de 2024 la mujer publicaba en Facebook y Marketplace supuestas ofertas de garrafas de gas bajo el nombre de una empresa denominada "Juan Gas". Desde ese perfil se ofrecía un número de WhatsApp para concretar las ventas.
Una vez que los interesados se comunicaban, se coordinaba la compra y se solicitaba el pago por transferencia bancaria o billetera virtual. Sin embargo, el dinero era enviado a cuentas a nombre de terceros ajenos al supuesto comercio. Tras recibir los fondos, la vendedora dejaba de responder los mensajes y la mercadería nunca llegaba al domicilio de los compradores.
La maniobra, además, se repetía con distintas variantes. En varios casos les pedía a las víctimas nuevas transferencias con diferentes excusas y, en uno de los hechos, incluso realizó una videollamada para generar confianza y convencer al damnificado de seguir enviando dinero. En otro episodio logró concretar un débito automático desde la cuenta bancaria de una de las víctimas.
Los seis damnificados sufrieron pérdidas que oscilaron entre los $60.000 y los $760.000, con un perjuicio total superior a $1,9 millones.
Durante la investigación, los fiscales determinaron que las denuncias respondían a un mismo esquema delictivo y unificaron los expedientes. Los informes de las empresas de telefonía permitieron establecer que un mismo teléfono era utilizado para operar las distintas líneas con las que se captaban clientes. Varias de esas líneas estaban registradas a nombre de la imputada y otras habían sido dadas de alta en diferentes provincias para dificultar su rastreo.
A su vez, el análisis de las cuentas bancarias y billeteras virtuales permitió reconstruir el recorrido del dinero. Los investigadores comprobaron que las cuentas receptoras pertenecían a personas del entorno de la acusada y que una de ellas estaba vinculada a un correo electrónico de su titularidad, un elemento clave para establecer su participación en las maniobras.
Finalmente, la mujer reconoció los hechos y aceptó los términos del acuerdo de juicio abreviado. El magistrado la declaró autora de seis delitos de estafa en concurso real y le impuso una condena de tres años de prisión condicional.
Además, durante ese mismo plazo deberá cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas, y desempeñar un oficio, profesión o actividad laboral acorde con sus capacidades.
Desde el Ministerio Público Fiscal recomendaron a la población extremar los recaudos al realizar compras por redes sociales. Entre las principales sugerencias figuran verificar la existencia del comercio, evitar transferencias anticipadas a cuentas de terceros, comprobar que el titular de la cuenta coincida con el vendedor y conservar capturas de pantalla y comprobantes de pago para facilitar eventuales investigaciones.
