El Acueductogate sumó un nuevo capítulo con la ampliación de la denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien incorporó un informe técnico elaborado por la empresa sanjuanina Industrias Jaime, que detectó graves anomalías en las uniones soldadas de las tuberías destinadas al Acueducto Gran Tulum.
Amplían la denuncia por el Acueducto: fue una empresa sanjuanina la que alertó fallas en los caños
Acorde sostiene Marcelo Arancibia, lo que se detectó fue una "falta de fusión en la soldadura" de los caños, lo que significa que el proceso térmico no unificó el material de manera segura, comprometiendo la resistencia estructural de la tubería.
La novedad cobra relevancia porque el documento fue confeccionado en junio de 2020, durante la ejecución de la obra, y revela que fue el propio equipo de control de calidad de la firma sanjuanina el que advirtió problemas estructurales en los caños que integran el megaproyecto destinado a abastecer de agua potable a gran parte de la provincia.
Según surge de la ampliación de la denuncia, el 11 de junio de 2020 se realizaron ensayos en los talleres de Industrias Jaime, ubicados sobre Ruta Nacional 40, en Chimbas. Allí, mediante tecnología de ultrasonido industrial, los especialistas detectaron una “falta de fusión en la soldadura” de las tuberías de polietileno de alta densidad de 600 milímetros de diámetro fabricadas por la empresa Krah.
La observación técnica implica que el proceso de electrofusión utilizado para unir los caños no habría logrado fusionar adecuadamente el material, comprometiendo potencialmente la resistencia de la estructura.
Pero el hallazgo no quedó solamente en un análisis no destructivo. Para corroborar el resultado, los técnicos efectuaron cortes transversales sobre las piezas y realizaron ensayos con tintas penetrantes. De acuerdo con el informe incorporado a la causa, esas pruebas permitieron identificar discontinuidades internas y posibles canales de fuga en las uniones soldadas.
El documento también señala que las tareas de ensamblado y soldadura fueron ejecutadas directamente por personal de la empresa contratista MAPAL S.A., mientras que el procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de inspectores de OSSE y del equipo de calidad de Industrias Jaime.
Uno de los aspectos que más llama la atención es que, pese a que los registros manuales realizados durante el procedimiento indicaban que la operación había sido exitosa y consignaban la leyenda “Fusión: OK”, los estudios posteriores revelaron que internamente el material no se había unido de manera correcta.
El informe fue emitido formalmente el 24 de junio de 2020 y ahora fue presentado por Arancibia como nueva evidencia en una investigación que ya se encuentra bajo la lupa judicial por presuntas irregularidades en la licitación, la ejecución de la obra y la calidad de los materiales utilizados.
La incorporación de este antecedente se produce en medio de un escenario cada vez más complejo para el proyecto financiado mediante un crédito de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait. En los últimos días, informes técnicos encargados por el Gobierno provincial concluyeron que las tuberías provistas por la firma Krah no serían aptas para el transporte de agua potable, sino para sistemas cloacales y desagües pluviales, además de advertir sobre una eventual migración de sustancias potencialmente nocivas para el consumo humano.
En paralelo, tanto la Fiscalía de Estado como el Ministerio Público Fiscal avanzan con investigaciones propias para determinar si existieron delitos vinculados a la contratación, la ejecución y los controles de la obra. Incluso, el fiscal de Estado Sebastián Dávila admitió recientemente que no puede descartarse que durante los años transcurridos desde la construcción se hayan perdido o alterado elementos probatorios.
Ahora, el informe elaborado por Industrias Jaime agrega una nueva dimensión al expediente: además de los cuestionamientos sobre la aptitud sanitaria de los caños, aparece evidencia técnica que advertía, ya en 2020, posibles deficiencias en las uniones soldadas de la red que debía transportar agua potable a cerca de un millón de sanjuaninos.
La investigación continúa mientras la Justicia analiza la nueva documentación incorporada y espera futuras pericias que permitan determinar el alcance de las anomalías detectadas y las eventuales responsabilidades de empresas, funcionarios y organismos de control involucrados en una de las obras públicas más importantes de la historia reciente de San Juan.