El juicio contra el abogado sanjuanino Gustavo De la Fuente ingresa en la recta final, ya que este jueves se desarrollarán los alegatos, en los que la fiscalía podría pedir una dura pena. Si bien aún no se determina la responsabilidad penal del letrado y del comerciante colombiano John Sebastián Quevedo Medina, en la presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual, se estima que afrontaría una condena de entre 8 y 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Si el Tribunal Oral Federal considera acreditada la hipótesis más gravosa sostenida por el Ministerio Público Fiscal, De la Fuente podría recibir una de las escalas más severas previstas por la legislación argentina para este tipo de delitos cuando la explotación de las víctimas se encuentra consumada y se verifica el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, de la Unidad Fiscal San Juan, junto con María Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), quienes sostienen que ambos imputados integraron una estructura dedicada a captar mujeres en condiciones de extrema precariedad económica para explotarlas sexualmente mediante transmisiones en plataformas para adultos y, en algunos casos, incorporarlas a circuitos de prostitución presencial.
No obstante, hasta el momento no trascendió públicamente cuál será el pedido concreto de pena que formulará la Fiscalía durante los alegatos previstos para este jueves. La eventual condena dependerá de la calificación legal que adopte el tribunal presidido por el juez Daniel Doffo y del grado de acreditación de las conductas atribuidas a los acusados.
El debate oral comenzó semanas atrás en el Tribunal Oral Federal de San Juan y tiene como principales acusados a De la Fuente, de 59 años, y a Quevedo Medina, de 30. La investigación sostiene que la organización operó de manera ininterrumpida entre marzo de 2022 y julio de 2024 y que logró someter a un número indeterminado de víctimas, aunque la acusación logró individualizar al menos a 37 mujeres.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, los imputados promocionaban a través de Facebook una supuesta agencia de modelaje webcam denominada "Belle Argentina", con sede en calle Güemes, en Capital. Allí ofrecían puestos laborales con promesas de elevados ingresos en dólares y condiciones de trabajo seguras.
Sin embargo, según la Fiscalía, una vez incorporadas a la firma, las mujeres eran sometidas a extensas jornadas de transmisiones de contenido sexual explícito en plataformas internacionales como Stripchat, Camsoda, Cam4 y Chaturbate. La acusación sostiene que los responsables retenían el 50% de las ganancias obtenidas, imponían multas arbitrarias y obligaban a trabajar en condiciones deficientes, incluso cuando las modelos se encontraban enfermas.
Para los fiscales, De la Fuente ocupaba una posición de máxima jerarquía dentro del entramado investigado. Las escuchas telefónicas y los informes patrimoniales incorporados a la causa indicarían que actuaba como uno de los propietarios de la estructura, compartiendo beneficios económicos con Quevedo Medina en un esquema de distribución igualitaria.
La acusación también le atribuye haber utilizado su posición de poder para captar personalmente a algunas modelos fuera del ámbito laboral, ofreciéndoles dinero a cambio de mantener relaciones sexuales y proponiéndoles integrar una presunta red de prostitución VIP que funcionaría en inmuebles bajo su control.
Uno de los casos expuestos durante la investigación da cuenta de una joven que, debido a su vulnerabilidad económica, terminó alojándose en una propiedad vinculada al abogado, situación que, según la Fiscalía, habría sido aprovechada para exigirle favores sexuales a cambio de vivienda.
Con el juicio acercándose a su tramo final, la expectativa está puesta en los alegatos de este jueves, instancia en la que el Ministerio Público Fiscal expondrá sus conclusiones y podría revelar el monto de la pena que solicitará para ambos acusados. De prosperar íntegramente la acusación por trata de personas agravada y explotación consumada, Gustavo De la Fuente se enfrenta al escenario más severo previsto por la ley: pasar hasta 12 años en prisión.
Este miércoles fue noticia, pues a pedido de la defensa ejercida por Fernando Castro, el juez Doffo le otorgó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Pese a la oposición del fiscal Alcaraz, el magistrado entendió que debía morigerar la medida coercitiva más gravosa en base a informes médicos, psicológicos y psiquiátricos que analizaron el estado de salud del imputado.