La Fiscalía apunta fuerte contra la directora acusada de entregar títulos truchos

Es que quien se desempeñaba como autoridad máxima en la escuela secundaria Néstor Kirchner y fue denunciada por el Ministerio de Educación que descubrió irregularidades ya había sido imputada por falsedad ideológica y adulteración de documentos públicos en perjuicio de la Administración Pública. 

Ahora, con este nuevo escenario, la defensa de la docente que podría ir tras las rejas tendrá cinco días hábiles para rearmar su estrategia en el debate que fue suspendido hasta el próximo 30 de noviembre.

A 6 meses del escándalo que protagonizó por quedar tras las rejas, la directora del establecimiento educativo de Albardón está en la mira por haber egresado presuntamente a 5 alumnos de esa institución, de forma irregular. Es por ello que afronta el juicio oral y público que comenzó el miércoles. 

Cada uno de los delitos que se le endilgaron a Salvatierra en un principio suponen penas que van de uno a tres años de prisión, en los casos menos graves. Por el último delito que se sumó a la calificación, el Código Penal Argentino prevé una pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo. 

Grassi explicó que si bien solicitó 3 años y 6 meses de prisión efectiva para la acusada y 7 años de inhabilitación a ocupar cargos públicos, cuando la causa se elevó a juicio, ese pedido puede ser modificado acorde lo que suceda durante el juicio, incluso la Fiscalía tiene la posibilidad de absolver aunque haya iniciado la acusación.

Sin embargo, a juzgar por la presentación que puso el freno de mano en el proceso, el Ministerio Público estaría dando indicios que irá con los tapones de punta. 

El debate cuenta con una parte querellante conformada, en representación de la Fiscalía de Estado -encarnada por el Dr. Caludio Herrera- que brega por los intereses de la Administración Pública. La defensa, por su parte, está encarnada por el Dr. Martín Zuleta, quien advirtió que "Salvatierra no ha cometido los delitos que se le imputan". 

El caso

La docente que se hallaba al frente de la Dirección del establecimiento educativo situado en Campo Afuera, al igual que la preceptora que reconoció el delito, fue denunciada después de que el Ministerio le iniciara un sumario administrativo, bajo la sospecha de haber egresado a cinco jóvenes de forma ilegal, adulterando las calificaciones.

Además, los fiscales estiman que hubo alumnos que se inscribieron de forma irregular y que, durante el cursado, sospechan que había estudiantes que no cumplían con las asistencias debidas. En este contexto, se especula con que pudieron ser más de cinco los beneficiados de las irregularidades que ya reconoció Arroyo.   

La preceptora también la inhabilita a ocupar un cargo público por 6 años, por lo que Salvatierra podría correr con la misma suerte. Es decir que además de la pena que reciba, si es hallada culpable, quedaría inhibida a cumplir una función pública por el doble de tiempo de la pena.

La directora comenzó a ser investigada en julio de 2019 con el sumario administrativo. A pesar de que fue separada del cargo, como continuó vinculada a su labor en otra escuela y tenía acceso al sistema, las autoridades consideraron peligroso para la instrucción que pudiera estar en libertad y le dictaron prisión preventiva. 

El 23 de abril de 2020, nueve meses después de la investigación interna, el Ministerio de Educación resolvió radicar la denuncia en el ámbito penal que desencadenó el proceso que está cerca de ser resuelto.