La mega estafa con casas del IPV cumplió 5 años sin juicio

Eran los últimos días de abril de 2010 cuando una multitud de personas estafadas hacía cola en la oficina de la división Defraudación y Estafas de la Central de Policía. Fueron 208 en total los que se animaron a denunciar formalmente que habían sido engañados y les habían sacado dinero y hasta vehículos a cambio de conseguirles una casa del IPV. Cinco años después de aquel escándalo, no hay detenidos y aún no se logró juzgar a la supuesta banda acusada de estafas reiteradas que engatusaba a sus víctimas con supuestas "influencias políticas”.

El último detenido fue el supuesto líder, Carlos Alberto Albornoz, quien fue excarcelado el 1 de agosto de 2013, al cumplirse los tres años de prisión sin una sentencia. Para demostrar su compromiso con la justicia, Albornoz cumple religiosamente con la imposición del tribunal de la Sala I de la Cámara Penal: dar asistencia todos los lunes.

Junto a él habían caído y fueron excarcelados Marcos Javier Barragán, Pedro Ignacio Roldán Zagarra, Miriam Alejandra Quiroga Gutiérrez y Alejandra Mariela Dragui (ver recuadro).

Menos Albornoz, quien estuvo prófugo y fue atrapado por la Policía Federal  a fines de mayo de 2010 en su domicilio de toda la vida, en Pocito, el resto de los imputados fueron detenidos los últimos días de abril de 2010 y luego excarcelados.

En junio de 2010, el entonces juez de instrucción José A. Vega los procesó por estafas reiteradas. Y recién en septiembre de 2012 la causa pudo ser elevada a juicio, debido a una serie de reclamos y apelaciones judiciales.

El 12 de octubre de 2013 la causa ingresó a la Sala I de la Cámara Penal, donde está actualmente en la etapa de incorporar las pruebas que piden las distintas partes para luego ponerle fecha al juicio.

La mayor complicación que siempre tuvo la mega estafa es la cantidad de víctimas, por lo que cada medida de la rutina judicial lleva un tiempo extra al normal para concretarse.

Las casas del IPV no se pueden conseguir mediante el pago de dinero ni por influencias de ningún tipo, sino que son viviendas que el Estado provincial construye y entrega a quienes no tienen un techo o una propiedad a su nombre.

Abusándose de la gran cantidad de gente que no tiene casa propia, esta presunta banda lograba sacarle a cada familia entre 7.000 y 20.000 pesos, y hasta vehículos, a cambio de conseguirles una de las miles de casas que el Estado provincial ya por esos días construía para la gente más necesitada.

Muchos de los damnificados fueron engañados en su buena fe, pero otros también sabían que no es legal recurrir a organizaciones ajenas al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Y en eso también se refugiaban los presuntos delincuentes, quienes habrían usado como pantalla para captar víctimas una supuesta organización: el Movimiento Agropecuario Provincial. Hasta le mostraban a la gente una fotografía publicada en una revista en la que se veía al líder de esa organización con un ex senador, con la evidente intención de hacer creer que tenían llegada a la distribución de las casas del gobierno provincial.

Por ahora, la causa está a tres años de prescribir.

 

Las casas del IPV no se pueden conseguir mediante el pago de dinero ni por influencias de ningún tipo, sino que son viviendas que el Estado provincial construye y entrega a quienes no tienen un techo o una propiedad a su nombre.