Otros casos polémicos donde la Corte anuló fallos contra presuntos abusadores

Otros dos casos resonantes, también de anulación de condenas a favor de presuntos abusadores fueron los de Juan Manuel Castro y Carlos Brizuela. En el primer caso, incluso, la provincia debió frenar la demanda que el hubiera costado a los sanjuaninos muchísimo dinero y llegar a un acuerdo.

Repasalos en la información de Tiempo de San Juan.

CASO CASTRO

SÁBADO, 21 DE JUNIO DE 2014

VIOLACIÓN MAL INVESTIGADA

Inédito: los sanjuaninos pagarán una detención ilegal

En la Fiscalía de Estado no encontraron un antecedente similar. La demanda es por 373.000 pesos y la hizo un hombre que fue detenido y allanado sin una orden judicial. No descartan demandar a policías, fiscales y jueces que avalaron el proceso judicial hasta que llegó a juicio. Por Gustavo Martínez Puga.

Castro (derecha) junto a su abogado.

De las arcas del Estado provincial, es decir, el fondo que pertenece a todos los sanjuaninos, por primera vez se pagará por la detención ilegal que hizo la Policía de San Juan a un hombre denunciado por una violación. Así se acordó en la instancia de mediación la Fiscalía de Estado y el hombre que sufrió el procedimiento trucho.

Entre las partes se hizo un acuerdo extrajudicial en el que se convino el pago de 373.000 pesos, a pagar en cuatro cuotas.

Fue en concepto de “reparación total” por los daños provocados a Juan Manuel Castro, la persona detenida ilegalmente durante 23 meses.

“En la demanda se había justificado desde los daños psicológicos provocados a la persona hasta los daños económicos, ya que perdió su trabajo y, además, él era el sustento de sus padres y pagaba el alquiler de la casa de su hijo y su ex pareja”, explicó el Federico Petrignani, abogado defensor y quien llevó adelante la demanda civil. En la parte penal, Petrignani había sido el abogado defensor junto a Fernando Castro.

La negociación con el Estado provincial, a través de la Fiscalía de Estado, ya está cerrada.
Para que se concrete el pago faltan dos instancias administrativas: la factibilidad económica y la firma del fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis. Una vez que esos pasos se cumplan, el acuerdo debe ser homologado judicialmente en el Primer Juzgado Civil.

Llegar a esa instancia llevó meses de negociación y de búsqueda de casos similares: “No hemos encontrado en la Fiscalía de Estado algún antecedente de un caso de detención ilegal que haya llegado a la Corte de Justicia y en la que se haya fallado que el procedimiento estuvo mal hecho”, explicó Adrián Squintone, abogado de Fiscalía de Estado que logró reducir la cifra inicial de la demanda, la que rondaba el millón de pesos.

En forma paralela a la negociación para hacerle pagar lo menos posible a todos los sanjuaninos, en Fiscalía de Estado también están estudiando la posibilidad de que el Estado provincial demande a los policías, fiscales y jueces que intervinieron en el proceso judicial hasta la instancia del juicio oral.

Es que se considera la posibilidad de que en todas esas instancias los funcionarios públicos involucrados pasaron por alto el paso más elemental de todo procedimiento que atente contra la libertad de una persona: la intervención de la Justicia.

En el caso en cuestión se vieron involucrados policías de la Seccional 26, de Chimbas; el fiscal de primera instancia Fabricio Médici; el juez de instrucción Leopoldo Zavalla Pringles –ahora jubilado-; el tribunal de la Sala I –donde se avaló el auto de procesamiento- y el fiscal de cámara Eduardo Mallea.

Cuando el caso llegó a juicio, el tribunal de la Sala III de la Cámara Penal se hizo eco del planteo de los abogados defensores, Castro y Petrignani, de que no había habido orden judicial para la detención y para el allanamiento.

Los jueces Héctor Fili, Ricardo Conte Grand y Eugenio Barbera decidieron declarar ilegal el procedimiento. Pero, además, también resolvieron sobre la cuestión de fondo y absolvieron a Juan Manuel Castro por el delito de abuso sexual.

El fiscal Mallea llevó el caso ante la Corte de Justicia, entendiendo que la policía actuó con premura para evitar que el sospechoso se fuera a fugar.

Pero la Corte le dio la razón a la decisión del tribunal de la Sala III, respecto de que el procedimiento había sido ilegal. Y, además, también le dio un tirón de orejas al mismo tribunal que avaló: le dijo que nunca debió resolver la cuestión de fondo –si el sospechoso cometió o no delito- ya que al estar viciado de nulidad el procedimiento al comienzo, todo lo demás era nulo, por lo que no correspondía decir si cometió o no el delito de abuso sexual que le achacaban.

En ese momento la Corte de Justicia también ordenó investigar a los policías que participaron del operativo ilegal, cuya causa debía ser girada por el tribunal de la Sala III a la fiscalía en turno. Dijo que el máximo tribunal que podrían haber cometido el delito de privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y falso testimonio.

Eso fue contra los policías de la Seccional 26 que hicieron el procedimiento, Víctor Ariel Bustos –oficial ayudante- y Sergio Santiago Villegas –cabo primero-, pero ambos aún hoy siguen trabajando en la fuerza de seguridad pública.

Cómo fue el caso

El 4 de junio de 2010, Juan Manuel Castro –a la derecha, junto a su abogado Petrignani-, de 30 años, fue denunciado en la Seccional 26 por una mujer que conoció en un boliche. Lo acusó de haberla abusado sexualmente, pero luego los peritajes demostraron que no hubo síntomas de violencia sexual. La policía allanó el departamento en el que vivía Castro, en momentos que dormía. Reventaron la puerta, lo golpearon en los riñones y le secuestraron un cuchillo y un jeans. Desde entonces, y hasta mayo del 2012, cuando se hizo el juicio en la Sala III y fue liberado, Castro había estado privado de su libertad ilegalmente. Después de aquel episodio, Castro pudo encontrar un nuevo trabajo y volvió a vivir con su pareja, de la que se había separado momentáneamente cuando ocurrió la detención.

Claves

1 En la etapa de investigación, Castro fue indagado tres veces. En todas ellas negó el hecho que le imputaban y denunció que la policía le había lesionado sus riñones por los golpes en la detención.

2 Todo el planteo de nulidad de los defensores de Castro está en las primeras 14 fojas del expediente. De ahí en adelante, todo lo actuado debía ser nulo.

3 Petrignani y Castro fueron los abogados de Juan Manuel Castro a partir del momento de la apelación del auto de procesamiento y durante el juicio. Antes tuvo otro abogado.


CASO BRIZUELA

MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013

JUECES Y FISCALES SANCIONADOS

Escándalo en Tribunales: Se comió tres años y medio preso por un error

Pasó tres años y medio detenido por un delito que no cometió, y en el juicio lo condenaron a 16 años. La Corte dictó la nulidad de lo actuado y sancionó a jueces y fiscales.



Carlos Alberto Brizuela.

Carlos Alberto Brizuela fue condenado en San Juan por “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante reiterado” y “corrupción de menores agravada”. Le dieron 16 años. Ya había pasado preso 3 años y medio. La denuncia la había radicado su hija y la madre de su hija. Pero la defensora oficial, Mónica Beatriz Sefair, consiguió que todo lo actuado se declare nulo por dos “detalles” que se les pasaron por alto a fiscales y jueces del caso: los hechos habían ocurrido en San Luis, y la niña, testigo clave, había reconocido que su historia no era cierta.

Esto desató un verdadero escándalo en Tribunales, al punto que, ya con Brizuela libre por estas irregularidades la sala II de la Corte de Justicia integrada por Carlos Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, sancionó a los jueces María Inés Rosellot, Juan Carlos Peluc Noguera, José Atenágoras Vega y Néstor Kerman y los fiscales Daniel Guillen y Alicia Esquivel Puiggrós, actuantes en diferentes momentos del proceso.

La defensora de Brizuela no se explica cómo se les pasó por alto el tema de la jurisdicción. “A mí me nombraron en diciembre. Antes, como secretaria, yo había destacado que los hechos habían ocurrido en San Luis, parece que nadie le dio importancia a esa nota, o pensaron que podían probar que algún abuso había ocurrido en San Juan. Con uno sólo que se hubiera dado en la provincia alcanzaba para juzgarlo aquí”.

“Después está el otro tema del no delito. La hija de Brizuela, que había denunciado el abuso desde sus 9 años hasta los 15 (hoy tiene 18), entrevistada por mí, me había dicho que la historia no era cierta, que la había inventado por odio a su madrastra, la pareja de su padre, con la que vivían en San Luis”.

“Ella me aseguró que lo que quería era que a su padre lo detengan un tiempito, y que después de eso podrían volver a San Juan, que no iba a poder quedarse en San Luis con su pareja”, agregó.

Brizuela había viajado a san Luis buscando trabajo. Un accidente lo devolvió a San Juan, a 25 de Mayo. Una semana después de llegar, apareció la madre de la nena, se la llevó y presentó la denuncia. La joven denunciante, junto a otros hermanos, vivía con Brizuela a instancias de una denuncia de la escuela a la que asistían los chicos, y su mal estado general de atención
“A mí esto siempre me llamó a reflexión. Para mí era un buen padre, que se hizo cargo de sus hijos. Yo lo defendí, más allá de porque era mi obligación, convencido de su inocencia”, señaló.

“El caso llegó a juicio, a pesar de que sabíamos que los hechos habían ocurrido en San Luis, porque él me lo pidió. No aguanto más, doctora, me dijo, terminemos con esto. Vamos a juicio, yo estoy tranquilo porque soy inocente. Así me dijo. Yo tengo como política de trabajo respetar la voluntad de mi defendido. Aparte él ya había pasado 3 años y medio preso. Su situación era muy angustiante”, aseguró Sefair.

“Eso hicimos, y luego presenté el recurso en casación, argumentando la cuestión de la jurisdicción. La Corte también lo vio así, por eso lo liberaron, y por eso las sanciones”, apuntó.
“Ahora Brizuela deberá ser convocado por la justicia de San Luis, que antes deberá llamar a los testigos para que ratifiquen la denuncia, cosa que, estimo, no harán”, precisó.