La disputa judicial entre el grupo empresario propietario de la mina Gualcamayo y una bodega sanjuanina tuvo un nuevo capítulo. Luego de que la Corte de Justicia de San Juan rechazara la demanda presentada por Iberte S.R.L. contra Fraccionadora San Juan, y perdiera un millonario juicio, la empresa presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El conflicto se originó por un contrato para la provisión de unos poco más de 25 millones de litros de vino. Iberte había adelantado U$S 600.000 para la operación y, según sostuvo en la demanda, solo recibió 142.300 litros, por lo que reclamó la devolución de U$S 573.674,50.
Sin embargo, a principios de julio la Sala I de la Corte de Justicia de San Juan, integrada por Guillermo De Sanctis, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria, revocó las sentencias de primera y segunda instancia —que habían sido favorables a Iberte— y rechazó la demanda.
El grupo empresario conducido por Retamero no quedó conforme con la decisión y ahora presentó un recurso ante la propia Corte de Justicia de San Juan, que ahora deberá resolver si lo concede. En caso de hacerlo, el expediente será remitido al máximo tribunal del país. Si lo rechaza, la empresa todavía podrá intentar en forma directa que la Corte Suprema intervenga mediante un recurso de queja.
Los cuestionamientos al fallo
En su resolución, el máximo tribunal sanjuanino entendió que el denominado "plan de cargas" previsto en el contrato debía ser acordado entre ambas partes y no constituía una obligación exclusiva de Fraccionadora San Juan. Además, sostuvo que Iberte no logró acreditar que la bodega hubiera incumplido con la entrega del vino comprometido.
En el recurso extraordinario federal presentado ahora, Iberte cuestionó con dureza la sentencia de la Corte sanjuanina. La empresa sostuvo que el fallo incurre en un "disparate", una "grave omisión" y un "absurdo", al considerar que el dinero entregado a la bodega no debía ser restituido.
Según el planteo de la firma, los US$ 600.000 constituyeron un anticipo por una compraventa que finalmente no se ejecutó, por lo que entiende que Fraccionadora San Juan debe devolver esos fondos. Además, afirmó que la Corte provincial omitió analizar uno de los argumentos centrales de la demanda, referido al supuesto enriquecimiento sin causa de la bodega.
Ahora será la propia Corte de Justicia de San Juan la que deberá decidir si concede el recurso extraordinario federal para que la causa sea analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una larga lista de conflictos judiciales
A comienzos de julio, Tiempo de San Juan informó sobre el revés judicial sufrido por Iberte, la empresa del español Retamero, quien además controla el grupo AISA, propietario de la mina Gualcamayo.
Pero lo de Fraccionadora San Juan no es el único litigio vinculado al negocio vitivinícola que mantiene el grupo empresario. También entabló peleas judiciales con Jugos Australes y la bodega Galán, ambos en Mendoza.
Sin embargo, el caso más resonante es que el que mantiene con la cooperativa Fecovita, una de las principales operadoras de compra de uva en San Juan y Mendoza. En este caso la disputa también involucra a la emblemática bodega Resero, en Albardón.
El negocio minero
En paralelo, Retamero impulsa en San Juan negocios inmobiliarios -compró la bodega ex Cinzano donde ubicó las oficinas de la mina Gualcamayo y proyecta un complejo de hotel, departamentos y oficinas.
Pero su negocio más importante está en la minería sanjuanina: el grupo inversor solicitó un segundo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por U$S 1.500 millones para el "Programa G50" en la mina jachallera Gualcamayo. Esto se suma al RIGI aprobado en enero de 2026 para el proyecto "Carbonatos Profundos" en la misma mina de oro, por U$S 665 millones.
