Tras la propuesta de la oposición para transformar el EMETUR en una sociedad mixta, desde el oficialismo denunciaron graves errores jurídicos y conceptuales. En respuesta, el peronismo minimizó la falla legal, reclamó por la caída en la conectividad aérea y desafió a la gestión a un debate público con números abiertos.
Las gestiones del turismo en Mendoza se han convertido en el epicentro de una intensa disputa política y técnica que promete trasladarse a la Legislatura. El desencadenante de la polémica fue la presentación del proyecto por parte del diputado Lucas Ilardo (Bloque Fuerza Patria), cuyo objetivo central es transformar el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) en una Sociedad de Economía Mixta (S.E.M.).
Sin embargo, la iniciativa cosechó inmediatas y duras objeciones institucionales encabezadas por la presidenta del organismo, Gabriela Testa, abriendo una grieta profunda sobre la legalidad del texto y la concepción misma del mercado turístico regional.
El principal flanco débil de la propuesta opositora radica en un severo error de diagnóstico jurídico. El texto de Ilardo fundamenta la transformación del ente amparándose en el Decreto-Ley Nacional 15.349/46. No obstante, los documentos técnicos demuestran que esta norma fue expresamente derogada por el Artículo 36° del DNU 70/2023 durante las reformas de desregulación económica implementadas a fines de diciembre de 2023.
Al basarse en una figura jurídica ya extinguida, desde el oficialismo advierten que el proyecto carece de viabilidad y "nace muerto". Como contraejemplo normativo se señala el caso de la Agencia Córdoba Turismo, la cual debió modificar su propia estructura societaria mediante el Decreto 239 para adecuarse al nuevo marco legal de Sociedades Anónimas.
Más allá del tropiezo formal, la discusión de fondo expone dos visiones contrapuestas sobre el rol del Estado. La crítica oficialista apunta a que el proyecto asume erróneamente que el sector privado inyectará capital comprando el 45% de las acciones con el único fin de recibir dividendos comerciales tradicionales.
Desde la conducción del EMETUR replican que un organismo público de turismo no produce bienes de mercado ni busca utilidades para repartir en un Directorio, sino que genera riqueza social a través de la promoción de la marca provincial, la innovación y el desarrollo de estadísticas.
Así, el retorno de la inversión estatal no regresa a las arcas públicas en forma de dinero, sino que se externaliza y capitaliza de manera directa en el entramado hotelero, gastronómico y comercial a través del denominado efecto multiplicador del turismo.
Lejos de retroceder ante los cuestionamientos técnicos, el diputado Ilardo recogió el guante y minimizó la falla legal calificándola como un mero detalle de nomenclatura que se corregirá modificando el nombre a Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
Acto seguido, el legislador desplazó el eje de la discusión hacia la realidad actual de la provincia, denunciando una caída sostenida en el flujo de vuelos mes a mes hacia Mendoza y reclamando la falta de publicación de datos estadísticos desagregados por parte del EMETUR desde finales de 2023.
Para dirimir estas diferencias, el referente opositor lanzó una convocatoria abierta a un debate público con fecha y hora a definir en la propia Legislatura. La propuesta, que busca sentar en la misma mesa a funcionarios, periodistas y empresarios del sector hotelero y gastronómico, promete una discusión directa apoyada en los números de ANAC e INDEC, dejando la pelota en el terreno del oficialismo, que ahora deberá decidir si acepta el desafío o archiva la iniciativa por sus insalvables vicios de forma.