La situación financiera de miles de trabajadores estatales en Mendoza ha encendido las alarmas en la Legislatura provincial. Docentes, celadores, personal de salud, policías y empleados de la administración centralizada sufren lo que los especialistas denominan un "vaciado salarial estructural".
Al contar con ingresos estables y bancarizados, este universo de trabajadores se ha convertido en el blanco predilecto de agresivas campañas crediticias por parte de mutuales, financieras y empresas fintech que aplican retenciones automáticas directamente sobre los recibos de sueldo.
Frente a este escenario de ahogo que licúa los ingresos de los servidores públicos, ingresó a la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza un ambicioso proyecto. El texto propone un marco regulatorio de desendeudamiento para proteger el carácter alimentario del salario y ofrecer una salida administrativa y gratuita antes de que las familias caigan en el colapso judicial.
Los fundamentos del proyecto revelan un dato crítico: los juzgados de procesos concursales ordinarios de Mendoza se encuentran saturados debido al incremento exponencial de empleados estatales que solicitan el concurso preventivo o la quiebra personal como última opción de subsistencia.
Esta judicialización paraliza la agilidad de la justicia para el sector productivo y comercial real, pero además constituye una trampa para el propio deudor. Iniciar un proceso judicial exige desembolsar de inmediato tasas de justicia provinciales, aportes a la caja forense y honorarios profesionales de abogados y síndicos.
De este modo, los escasos recursos del trabajador se devían al sostenimiento del aparato burocrático en lugar de usarse para cancelar el capital adeudado, arrojando al ciudadano a la marginalidad financiera y registral.
El plan de salvataje: topes al bono de sueldo y suspensión de ejecuciones
El corazón del proyecto de ley apunta a un fuerte control sobre las retenciones y a un mecanismo rápido de negociación colectiva mediante la creación de la Unidad Provincial de Rescate Financiero (UPRF), un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Dirección de Defensa del Consumidor.
Su función principal será centralizar en un único expediente administrativo la totalidad de las deudas de consumo del beneficiario frente a los bancos, financieras y plataformas digitales de crédito, encargándose de convocar a audiencias obligatorias de conciliación con las entidades acreedoras y brindando patrocinio contable y asesoría jurídica de forma 100% gratuita.
En paralelo, la ley busca modificar de raíz el sistema de "Códigos de Descuento" y débitos automáticos en las cuentas sueldo. Se establece de forma taxativa que ningún empleado público mendocino podrá sufrir descuentos directos por recibo ni débitos vinculados a las refinanciaciones que en su conjunto superen el 30% de su haber neto mensual, un límite al que el agente financiero de la provincia y las entidades bancarias locales deberán adecuar sus sistemas de manera forzosa.
La sola apertura del trámite ante el nuevo organismo dispondrá la suspensión de pleno derecho, por un plazo de 90 días hábiles, de todas las retenciones en el bono que excedan el límite fijado. En el mismo acto, se solicitará a los juzgados civiles del Poder Judicial de Mendoza suspender temporalmente los trámites de ejecuciones de sentencias, ejecuciones de pagarés de consumo y embargos trabados sobre las cuentas sueldo.
Durante esta tregua, la URF auditará los saldos e intimará a los acreedores a eliminar la totalidad de los intereses punitorios y moratorios acumulados. Las deudas se recalcularán aplicando exclusivamente la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina o los topes fijados por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para el consumo, negociando planes fijos con quitas directas sobre el capital real.
