La polémica en torno a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, sigue creciendo. Ahora debido a la presentación formal de un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados mendocina. La medida busca evaluar su idoneidad en el cargo tras la desafortunada publicación de un mensaje en las redes sociales donde catalogó al seleccionado de fútbol de Francia como un "equipo africano".
La solicitud, que añade una fuerte tensión interna a la coalición de gobierno provincial, fue impulsada por un sector de dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) encabezado por el jurista y docente Miguel Mathus Escorihuela. El escrito fue entregado directamente al presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi, con el fin de activar los mecanismos constitucionales de remoción o sanción.
Los fundamentos jurídicos de la acusación
El recurso presentado por el grupo radical argumenta que la titular del Senado mendocino incurrió en infracciones graves. En primer lugar, la acusación remite al artículo 109 de la Constitución de Mendoza, atribuyéndole a Casado las causales de mal desempeño, desorden de conducta y conducta impropia en el ejercicio de sus funciones públicas.
Además, señala a la Ley Nacional de Sanción de Actos Discriminatorios. Los denunciantes sostienen que catalogar a un plantel nacional en función de su ascendencia racial o geográfica constituye una manifestación discriminatoria incompatible con la representación del Estado. Finalmente, el escrito incorpora la presunta violación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, marco normativo que compromete legalmente al Estado argentino y a sus representantes jurisdiccionales.
Más allá del ámbito estrictamente legislativo, los firmantes destacan el profundo impacto institucional y reputacional que el episodio genera para la provincia de Mendoza. Según argumenta el documento, las expresiones de la vicegobernadora no solo provocaron un daño moral, sino que además amenazan con resentir la agenda de cooperación internacional e intercambios bilaterales con la República Francesa.
La gravedad de la publicación realizada en la red social X escaló a tal punto que terminó por obligar a la intervención directa del propio Poder Ejecutivo provincial, que debió actuar para sofocar el roce diplomático y matizar el alcance de los comentarios de la funcionaria.