El sistema de salud pública de Mendoza comenzará una migración total hacia la conectividad digital tras la firma del Decreto N° 1215 por parte del gobernador Alfredo Cornejo.
Esta normativa convalida los contratos de garantía necesarios para activar un financiamiento internacional de 85 millones de dólares, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a la modernización tecnológica de hospitales y centros de atención primaria.
El núcleo del proyecto radica en la eliminación del soporte papel y en la unificación de los datos médicos. Con estos recursos se financiará la infraestructura tecnológica para implementar la Historia Clínica Electrónica Única.
De este modo, la información médica de un paciente estará disponible en red de manera inmediata, independientemente de si la consulta se realiza en un centro de salud barrial, en el Hospital Central o en el Hospital Notti. Los profesionales de la salud de toda la provincia podrán consultar antecedentes, estudios previos y tratamientos activos desde cualquier computadora habilitada.
En paralelo, los fondos permitirán consolidar el sistema integral de turnos web y la receta electrónica en efectores públicos. Estas herramientas buscan optimizar la gestión de la demanda y coordinar de manera automática la disponibilidad de medicamentos en las farmacias del sistema estatal, reduciendo los tiempos de espera administrativos para los usuarios.
Detalles del crédito del BID y el respaldo fiscal
Aunque el modelo de préstamo con el BID ya contaba con una aprobación previa, el desembolso efectivo de los fondos requería una estructura de respaldo financiero por parte del Estado Nacional. Al tratarse de un crédito internacional, la entidad bancaria exige que la Nación actúe como garante soberano de la operación.
El decreto publicado este miércoles formaliza el Contrato de Contragarantía entre la Provincia y la Nación. A través de este acuerdo jurídico, Mendoza compromete de forma directa sus recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos como respaldo del pago. Esto significa que, ante eventuales incumplimientos en los vencimientos del crédito, el Gobierno nacional queda legalmente autorizado a retener de forma automática los montos adeudados de las remesas impositivas que envía mensualmente a la provincia.
El esquema financiero recibió el aval de las áreas legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas y el dictamen técnico de la Fiscalía de Estado, que verificó la adecuación de la provincia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. La ejecución y el monitoreo del gasto se centralizarán a través del sistema informático de gestión UEPEX para garantizar el seguimiento de las inversiones en conectividad, servidores y equipamiento informático para la red sanitaria.