El control del mercado ilegal de metales no ferrosos en Mendoza transita una etapa de contrastes institucionales. Tras la puesta en marcha de la Ley 9.447, diseñada para regular y auditar la trazabilidad de la compra y venta de estos materiales, el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial expuso un balance que muestra un marcado descenso en los incidentes generalizados.
Según los datos oficiales, los hechos asociados a la sustracción de cobre disminuyeron un 78,4% entre los años 2024 y 2025, pasando de 2.285 a 494 casos reportados. Esta tendencia a la baja pareció consolidarse en los primeros cinco meses de 2026, período en el cual se registraron 244 ilícitos, lo que representa una caída del 82% respecto al mismo lapso de 2024.
Sin embargo, detrás de las cifras, la problemática persiste debido a la alta vulnerabilidad de las redes domiciliarias y a la mutación permanente de las tácticas delictivas.
El verdadero impacto del fenómeno se mide en el perjuicio cotidiano que sufren los usuarios de servicios esenciales, donde el robo hormiga continúa desarmando la infraestructura urbana.
El análisis histórico de los elementos robados entre enero de 2024 y mayo de 2026 revela que la inmensa mayoría de las sustracciones no se dirigen a los grandes centros industriales, sino a las conexiones domiciliarias: el 71,2% de los casos correspondió al robo de cables, seguido por un 11,2% de medidores de gas y un 10,5% de medidores de agua.
Esta realidad expone que, si bien la fiscalización logró reducir ataques complejos como el robo de grandes transformadores de energía, la presión delictiva se ha trasladado hacia las viviendas particulares, provocando que miles de familias sufran cortes imprevistos en los suministros básicos.
La respuesta operativa frente a este mercado informal, derivó en la realización de 170 allanamientos, la inspección de 83 comercios del rubro y la detención de 92 personas, logrando el secuestro de más de 66.800 kilogramos de metales. No obstante, las autoridades admiten que el endurecimiento normativo -que hoy cuenta con solo 14 establecimientos legalmente habilitados para la comercialización de cobre en la provincia- obliga a las bandas a refinar sus canales de distribución.
Frente al bloqueo de las chacaritas y desarmaderos tradicionales, los investigadores han tenido que recurrir a herramientas tecnológicas de ciberpatrullaje para intentar rastrear la venta ilegal de luminarias y cables robados que se ofrece de manera informal a través de grupos cerrados en redes sociales y plataformas digitales.
El debate judicial en torno a las consecuencias de estos delitos también comenzó a registrar modificaciones, presionando para que este tipo de conductas dejen de ser tratadas como simples hurtos menores.
A través de un trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal, el Estado busca que las detenciones en flagrancia sean calificadas con agravantes penales, tales como el escalamiento, considerando el riesgo eléctrico y social implícito en la destrucción de las redes de servicios públicos.
Pese a que se han obtenido algunas condenas a prisión efectiva -incluida una sentencia por robo agravado e investigaciones complejas como la denominada causa de la "PyME del cobre"-, tanto las prestatarias como las cooperativas eléctricas de la provincia advierten que la capacidad de disuasión sigue siendo puesta a prueba por la volatilidad económica del material y la dinámica de las bandas, las cuales se adaptan a los controles policiales con mayor rapidez de la que el sistema judicial logra dictar sus resoluciones.