Tras haber puesto en marcha el debate por la Ley de Ciberseguridad, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ya tiene diseñada la estrategia legislativa para la segunda mitad del año. La ministra Mercedes Rus confirmó que el Poder Ejecutivo mendocino enviará un ambicioso paquete de reformas que impactará de forma directa en el Código Procesal Penal, el Código de Contravenciones, la Ley de Tránsito y el régimen del Servicio Penitenciario, buscando dotar a las fuerzas de herramientas tecnológicas y normativas frente a las nuevas modalidades delictivas que, por proximidad, siempre repercuten en la región de Cuyo.
Uno de los ejes más complejos de la propuesta mendocina será la creación de una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Según explicó la funcionaria, se trata de un compendio extenso y de carácter muy específico que se está definiendo a través de una mesa interjurisdiccional con la participación del Poder Judicial.
En paralelo, se impulsará una modificación al Código Procesal Penal orientada a frenar lo que el Gobierno de Mendoza considera una "cadena de beneficios" recurrentes. La meta es poner límites para que los delincuentes reincidentes no puedan acceder de manera reiterada a suspensiones de juicio a prueba o a condenas de ejecución condicional.
En lo que respecta a la vía pública y el orden urbano, el paquete prevé actualizar el Código de Contravenciones para tipificar penalizaciones puntuales contra las barras bravas, específicamente para los casos en que se secuestren colectivos de línea para trasladarse hacia los estadios de fútbol.
Asimismo, se buscará convertir en ley la actual resolución que permite el tapiado o la demolición de búnkeres de droga y aguantaderos en inmuebles abandonados, una tarea que se coordinará operativamente con los municipios para evitar que propiedades deshabitadas funcionen como base operativa del delito.
La tecnología también ocupará un rol central en la reforma de la Ley de Tránsito, un punto que afecta directamente a los sanjuaninos que viajan hacia Chile o el sur de la región.
El Ejecutivo mendocino planea incorporar sistemas de control tecnológico en rutas complejas de alta montaña o zonas críticas, donde la presencia permanente de preventores o policías es de difícil implementación.
Un caso testigo citado por la cartera es la conocida curva de Guido, un sector del corredor andino con alta tasa de siniestros viales fatales donde la fiscalización electrónica servirá para suplir la falta de guardias físicas.
Por último, el proyecto avanzará sobre el funcionamiento del sistema carcelario y la investigación científica. Se buscará reformar la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Mendoza para consolidar el modelo de trabajo obligatorio y productivo de los internos, quienes actualmente fabrican desde textiles y calzado para la policía hasta insumos que abastecen a la Ciudad de Mendoza.
Además, se creará el marco regulatorio para el flamante Laboratorio de Identificación Balística, dándole un estatus institucional y de funcionamiento autónomo similar al que ya posee el Laboratorio de Genética Forense en el sistema de investigación criminal